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Amparo contra la Ley del ISSSTE

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  • Inédita audiencia en la Corte con quienes se ampararon

A salvo de la Ley del ISSSTE, 720 mil burócratas

Será la Corte la que resuelva en definitiva su constitucionalidad, dice Ortiz Mayagoitia

La Ley del ISSSTE no afectará a los trabajadores amparados

El primero de enero todos los quejosos tendrán a su favor la suspensión, señala el ministro

Jesús Aranda y Patricia Muñoz

Antes de que entren en vigor las reformas a la nueva Ley del ISSSTE –el primero de enero del año próximo–, todas las demandas habrán sido admitidas y todos los quejosos tendrán a su favor la suspensión a fin de que la nueva legislación no les afecte hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en definitiva la constitucionalidad de dichas modificaciones.

Señaló lo anterior el ministro presidente del máximo tribunal, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ante representantes sindicales y abogados de los más de 720 mil trabajadores que interpusieron amparo en contra de la ley del instituto, en una audiencia pública inédita en la que hubo un intercambio abierto de opiniones entre el juzgador y los quejosos, y donde el ministro dejó en claro que la autoridad no podrá aplicar los descuentos previstos a partir de la entrada en vigor de la ley, en enero, a los trabajadores que ya cuentan con la suspensión.

En un espacioso auditorio del máximo tribunal, Ortiz Mayagoitia envió un “mensaje de tranquilidad” y adelantó que será la Corte la que fije en definitiva los criterios de constitucionalidad en torno a dicha ley, y precisó que la resolución de un juez auxiliar administrativo, dada a conocer este lunes, en la que negó siete amparos y sólo aceptó la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 25 de dicha legislación, constituye apenas “una decisión que no debe ni festejarse ni ser motivo de gran preocupación”, porque los recursos de revisión serán dictaminados en última instancia por el pleno de ministros.

Indicó que en los primeros tres meses del año entrante la Corte emitirá criterios definitivos sobre el tema, y confió en que una vez que los ministros “sustenten las jurisprudencias que van a derivar necesariamente de esta ley”, el Congreso de la Unión “atienda estos criterios como ha sucedido en otros casos, y que si tiene vicios de inconstitucionalidad se pudieran corregir legislativamente, con lo cual todo ese universo de asuntos quedaría resuelto”.

Entrevistados al término del encuentro, Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente del STUNAM, y Francisco Hernández Juárez, líder de los trabajadores telefonistas, destacaron la apertura mostrada por la Suprema Corte y reconocieron que el anuncio hecho por Ortiz Mayagoitia de que todos los trabajadores contarán con la suspensión legal antes del primero de enero próximo, les permite esperar con tranquilidad el fallo definitivo.

Ortiz Mayagoitia explicó por su lado las razones que llevaron al Consejo de la Judicatura Federal, el cual también preside, a abrir dos juzgados auxiliares –uno entró en funciones hoy– para agilizar la resolución de las demandas, así como garantizar la legitimidad de la decisión final.

El ministro llamó la atención sobre el hecho de que “si los planteamientos de otras demandas son mejores y dan lugar a ampliar la concesión del amparo, desde luego los tendremos en cuenta al emitir la jurisprudencia, y siendo ésta obligatoria va a beneficiar a todos los quejosos. Con esto quiero decirles que la mejor demanda que se haya confeccionado va a beneficiar al universo de quejosos, siempre y cuando nos dé pie para constituir jurisprudencia en esos temas”.

Para tal efecto comentó que la revisión de los amparos será turnada directamente a la Corte y no a un tribunal colegiado, lo cual, con base en 50 o 60 asuntos tipo, es decir, los más representativos que abarquen todos los vértices de la demanda, permitirá a los ministros establecer sus criterios y emitir la jurisprudencia correspondiente.

En este contexto, tres elementos en el discurso de Ortiz Mayagoitia causaron buena impresión entre los presentes:

– Que había una decisión tomada sobre que en todas las demandas interpuestas ante los dos juzgados auxiliares administrativos se concedan las suspensiones provisional y definitiva, para que la nueva ley no se les pueda aplicar hasta la resolución definitiva de los recursos; a los pocos que les fueron negados fue porque presentaron su demanda antes de que se concentraran en el primer juzgado auxiliar.

– Que el tratamiento de los amparos se dé en términos de la legislación laboral y no administrativa, de modo que los juzgadores deberán suplir la deficiencia de la queja en favor los trabajadores.

– Que personal del Poder Judicial –incluidos jueces y magistrados– ha promovido sus respectivas demandas de amparo “y están con ustedes en calidad de quejosos”, lo que da una idea del reto que tendrá el pleno al momento de resolver.

Los integrantes de la dirección colectiva de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) aceptaron que con la audiencia pública, primera de su tipo en que participa el ministro presidente, cambió su visión respecto de que había una intención deliberada de la autoridad judicial de llevar a cabo acciones de retraso y de tortuguismo.

Para Hernández Juárez, es un avance muy importante que se vayan a dar audiencias públicas en este caso, lo que sentará un precedente en la defensa de los derechos sindicales, aunque apuntó que es prematuro asegurar cuál va a ser la decisión final de la SCJN.

Los dirigentes de la UNT plantearon que para enero próximo se prepara otro paquete de amparos de trabajadores al servicio del Estado contra la Ley del ISSSTE. Agustín Rodríguez dijo que ya se están recopilando las demandas de más trabajadores y se prevé acumular un número importante; sin embargo, se está esperando precisamente la entrada en vigor de esta reforma para que puedan proceder los nuevos amparos.

Publicado en La Jornada, 9 de octubre de 2007.

Villeda Ayala sólo declaró inconstitucionales los artículos 20 y 25

Juez federal desecha siete recursos

Alfredo Méndez

El juez federal José Manuel Villeda Ayala, titular del juzgado auxiliar creado para atender las demandas de amparo contra la nueva Ley del ISSSTE, desechó la mayoría de los argumentos presentados por abogados de decenas de burócratas inconformes con la entrada en vigor de dicha norma, además de que avaló la constitucionalidad de 13 artículos del mismo ordenamiento y sólo declaró inconstitucionales los artículos 20 y 25 de la misma ley.

Esta resolución se dio a conocer ayer en conferencia de prensa, al tiempo que los representantes legales de los trabajadores anunciaron que interpondrán los recursos de revisión para que un tribunal colegiado, primero, y luego la Suprema Corte, resuelvan en definitiva las demandas.

No obstante, el fallo no podrá ser ejecutoriado (cumplido) en tanto no concluyan en definitiva todas las instancias judiciales a que tienen derecho los trabajadores quejosos, como es el recurso de revisión, lo cual podría prolongar varios meses el litigio.

Además, la mayoría de los peticionarios del amparo cuentan con suspensiones definitivas.

Estas son en vías de amparo que impiden que se aplique en su perjuicio dicha ley, propuesta por el actual titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

Ayer, al final de la lectura de un comunicado con el que el juez Villeda Ayala dio a conocer las primeras siete sentencias de los juicios de amparo contra la nueva ley del ISSSTE, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y representante legal de varios burócratas, se levantó del asiento en el que se encontraba para escuchar la conferencia de prensa y aseguró: “Esta resolución es absurda y necesariamente deberá ser conocida por la Suprema Corte”.

El litigante agregó: “Nosotros impugnamos una ley que contiene 254 artículos y 47 transitorios, y solamente nos dan la razón en dos artículos que son realmente superficiales, cuando se está desapareciendo el derecho de jubilación previsto en el artículo 123 constitucional, donde por parte del juez no se dijo nada”.

En su fallo, el juez auxiliar rechazó la mayor parte de los argumentos de miles de burócratas inconformes con este ordenamiento. Según consta en la resolución del juicio de garantías 141474/2007, el juzgador declaró constitucionales 13 artículos de la ley y desechó las demandas por lo que respecta a otros 18, tras considerar que los ordenamientos no afectan el interés jurídico de los servidores públicos.

El juez sólo se manifestó por la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 25. El primero permite al ISSSTE ordenar el descuento hasta de 30 por ciento del salario en caso de que las dependencias omitan enviarle las cuotas correspondientes a los burócratas. El segundo artículo garantiza al organismo la posibilidad de suspender la prestación de sus servicios a las dependencias que dejen de pagar durante más de un año.

Entre los puntos fundamentales del fallo, que representa un revés judicial para los quejosos, el juez consideró legítimos artículos que permiten invertir en el sistema financiero los recursos del nuevo organismo denominado Pensionissste, del Fovissste y del fondo para préstamos personales, siempre y cuando no sean utilizados por los trabajadores al servicio del Estado.

La sentencia precisa que es constitucional el artículo 14 de la nueva Ley del ISSSTE, el cual estipula que “se recopilará y clasificará la información sobre los derechohabientes a efecto de formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios que esta ley regula, tablas de mortalidad, morbilidad y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, prestaciones y servicios”.

Las siete resoluciones son idénticas y fueron firmadas el pasado viernes. Sólo corresponden a siete de las más de 160 mil demandas de garantías promovidos hace siete meses por cerca de 500 mil burócratas.

En entrevista, el abogado Miranda Esquivel, quien tuvo acceso al fallo judicial, explicó que cada una de las siete sentencias consta de 218 páginas.

Según el litigante, el juzgador destacó que “la nueva ley del ISSSTE se hizo porque supuestamente pretende rescatar al organismo, con base en las consideraciones de los diputados y senadores, pero nunca dice de qué la va a rescatar.

“En general el fallo desestima los argumentos dados respecto de la desaparición del derecho de jubilación. Según el juez, al elevarse las cuotas a las partes involucradas representa un acto de equidad. Es decir, asimila el aumento porcentual de la aportación de los trabajadores al sistema de pensiones. Dice que es equitativo que ambos contribuyan, pero no toma en cuenta que el trabajador pagaría más que el Estado”, indicó.

A decir de Miranda Esquivel, “el amparo no toca la médula de la nueva ley, pues aunque dice que toca el fondo no lo hace, pues no analiza el problema de la jubilación. El juzgador hace equiparable el derecho de jubilación por el sistema de pensión de retiro, los cuales operan con criterios distintos. El sistema de jubilación es un derecho universal, solidario, en tanto que la pensión por retiro es un sistema de derecho probado que su monto dependerá de lo que el trabajador tenga ahorrado”, puntualizó el abogado.

Publicado en La Jornada, 9 de octubre de 2007.

No es definitiva ni constituye un riesgo: Gamboa y Larios

Saludan los legisladores de PRD y Convergencia decisión de la Corte

Enrique Méndez, Víctor Ballinas y Elizabeth Velasco

Los grupos parlamentarios de PRD y Convergencia en la Cámara de Diputados expresaron su satisfacción por el anuncio de que la Suprema Corte suspendería la entrada en vigor de la Ley del ISSSTE, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado que presentaron amparo.

El coordinador perredista, Javier González Garza, aseguró que ello permitirá a los legisladores emprender una contrarreforma que reintegre los derechos que la mayoría priísta y panista limitaron a los burócratas.

Los diputados, dijo, están obligados a detener el “robo” que implica individualizar las cuentas de los trabajadores en una administradora de fondos para el retiro. “La transferencia de sus ahorros a una Afore formará parte del atraco que representan esos instrumentos. Este país tendrá que legislar para desparecerlas, sin ninguna duda”.

Sin embargo, los coordinadores de PAN y PRI, Héctor Larios Córdova y Emilio Gamboa Patrón, respectivamente, estimaron que la decisión anunciada ayer por el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, no constituye un riesgo para la vigencia de la reforma, avalada con los votos de ambas bancadas.

“A mí me parece que (la reforma) está bien hecha y que es muy importante para el país”, declaró Larios. Interrogado sobre si la decisión de la Corte propiciaría la interposición de más amparos contra la Ley del ISSSTE, reviró: “¿Qué preferimos en un país de instituciones? ¿Que se acuda a la vía institucional de los amparos, o a las manifestaciones y las protestas para violentar los derechos de terceros?”

Gamboa resaltó que la decisión no es definitiva y expuso: “La Ley del ISSSTE todavía no se cae ni mucho menos. Vamos a avanzar lo que se pueda con la ley, estamos seguros de que va a tener vigencia”.

Los senadores panistas Gustavo Madero y Guillermo Anaya manifestaron que la SCJN “aún no se ha pronunciado sobre el fondo de los amparos que presentaron trabajadores del ISSSTE. Si no hubiéramos hecho los cambios, el instituto estaría sujeto a sufrir pérdidas multimillonarias, desabasto y desatención”.

En tanto, Convergencia celebró que sigan vigentes los derechos de los trabajadores y confió en que al término del proceso judicial en cuestión el fallo final sea en ese sentido. Alejandro Chanona, coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, destacó que aún se puede apelar de la resolución del juez federal José Manuel Villeda, quien rechazó los primeros juicios de amparo interpuestos por  miles de burócratas.

Publicado en La Jornada, 9 de octubre de 2007.

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