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Amparo contra la Ley del ISSSTE

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Este es el Amparo promovido contra la Ley del ISSSTE, por el Abogado Alejandro Morales, es extenso, pero vale la pena que lo revises para que sepas con precisión cuál es su contenido y tengas elementos para compararlo contra los análisis que en este mismo sitio se presentan, así como los que se están publicando a favor o en contra.

 

En la sección de preguntas frecuentes, puedes complementar la información para aclarar tus dudas.

AMPARO INDIRECTO

QUEJOSOS: _____________

 

 

C. JUEZ DE DISTRITO EN

MATERIA LABORAL EN

TURNO EN EL DISTRITO FEDERAL

 

PRESENTE:

 

Las y los que suscribimos, en nuestro carácter de derechohabientes, trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes al Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, personalidad jurídica que acreditamos con las copias  de los recibos o talones de pago personalizados de los promoventes y otros documentos, en el que constan las percepciones  y deducciones salariales, que nos han  expedido las dependencias, las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, instituciones paraestatales y del gobierno del Distrito Federal, organismos de las entidades federativas o municipales, organismos públicos que por disposición constitucional cuenten con autonomía, Procuraduría General de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las entidades federativas y municipios que se incorporen a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, distintas Secretaría del Despacho de la Administración Publica Federal Centralizada y así como organismos descentralizados, desconcentrados, y demás instituciones, documentos todos ellos en que, entre otros conceptos, constan los descuentos de cuotas a nuestro cargo practicadas y  para ser enteradas, al  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

 

Asimismo y para accionar el amparo indirecto que estamos promoviendo, nombramos como nuestro representante común a la C. _____________________, en términos del artículo 20 de la Ley de Amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el marcado con el número 197, Despacho número 1, de la Calle Jalapa en la Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en el Distrito Federal y autorizando para tales efectos, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo al Licenciado en Derecho Alejandro Morales Becerra, con número de cédula 1293142, así como a los Pasantes en Derecho Hugo Christian Rosas de León, Ramiro Barajas Ambríz, con números de cédula 64021, 65551, y a la C. Gabriela Guadalupe López Mondragón, en forma conjunta o separada; ante Usted, respetuosamente, comparecemos para exponer:

 

 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los diversos numerales 1º, fracción I, y 116, fracción, de la Ley de Amparo, venimos a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos de las autoridades que señalamos en el cuerpo de esta demanda.

 

 

Por tanto y a efecto de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 116 de la Ley de Amparo, manifestamos lo siguiente:

 

 

        

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUEJOSOS: Ha quedado ya señalado en el presente escrito.

 

 

 

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO: No existe.

 

 

 

III.- AUTORIDAD RESPONSABLE:

 

A).-ORDENADORAS

 

a). H. Congreso de la Unión, a través de los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a la LX Legislatura.

 

b). El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

 

c). El Secretario de Gobernación

 

 

B).- EJECUTORAS

 

a). El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

b). El C. Director del Diario Oficial de la Federación.

IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de las autoridades responsables lo siguiente:

 

De las autoridades Responsables Ordenadoras y Ejecutoras, reclamamos:

 

Del  H. Congreso de la Unión, a través de los Presidentes de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a la LX Legislatura, los dictámenes, discusión, aprobación y expedición de la  Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

 

Del C. Secretario de Gobernación, el refrendo del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 

El C. Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

 Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como autoridad ordenadora y ejecutora de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

V. LEY RECLAMADA:

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que entro en vigor el 2 de abril de 2007.

VI.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. 1, 14, 16, 25, 27, 28,  y 123, apartado B, FRACCIÒN XI, 133 Y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

VII.- FECHA DE PUBLICACIÒN DE LA LEY.- El día treinta y uno de marzo de dos mil siete.

                           

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- Manifestamos a usted los siguientes:

 

  

HECHOS

 

1.- La iniciativa fue presentada el 15 de marzo de 2007, ante el pleno de la Cámara de Diputados. Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y en la exposición de motivos a la letra dice:

 

2.- Dictaminada y aprobada en lo general en la Cámara de Diputados con 313 votos en pro, 146 en contra y 2 abstenciones, el jueves 22 de marzo de 2007.

 

3.- Dictaminada y aprobada en lo general en la Cámara de Senadores con 86 votos en pro y 32 en contra, el martes 27 de marzo de 2007.

 

4.- Dictaminada y aprobada en lo particular en la Cámara de Senadores con 73 votos en pro y 28 en contra, el miércoles 28 de marzo de 2007.

 

5.- Publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado 31 de marzo de 2007.

 

6.- En un documento denominadoLa Reforma del ISSSTE del Gobierno Federal, Los problemas estructuralesde Odilia Ulloa Padilla y Miguel Alonso Raya, se hace un análisis técnico del ordenamiento jurídico  señalado como acto reclamado.

 

El primer apartado se refiere a Consenso dominante vs. consenso social;  Un diagnóstico ad doc al modelo de reforma aprobado, lo aborda en el segundo; en el tercero,  Los problemas estructurales de la reforma; Nuevo modelo de gestión y de financiamiento de los servicios médicos, en el cuarto;  el quinto, toca el Nuevo sistema de pensiones: migración al sistema de cuentas individuales y esquema de transición; “Régimen actual” ajustado, lo emprende en el sexto; Sistema de pensiones basado en la  capitalización individual, en el séptimo y en el octavo y último, Los riegos asociados al nuevo sistema de pensiones.

 

En virtud de la relevancia del ordenamiento jurídico en comento y el análisis elaborado por la académica Odilia Ulloa Padilla y el profesor Miguel Alonso Raya, retomamos y hacemos nuestros los comentarios del documento aludido que en su parte conducente a la letra dice:

 

 

Consenso dominante vs consenso social

 

1.                                                     

 

2.                                                      Es una reforma pactada por el Gobierno federal con el Banco Mundial que, desde el año 2001, recomendó una reforma de pensiones para los servidores públicos “espejo” a la del IMSS de 1995 para migrar a un sistema capitalizado individualmente y administrado de manera privado, sin que para ello haya mediado una evaluación seria de este sistema a casi diez años de su implementación.[i] Más aún, se persiste en la recomendación de este modelo sin considerar la autocrítica de documentos del propio Banco Mundial del año 2005 que advierten que este tipo de reformas no aumentan la cobertura, no garantizan pensiones dignas, no reducen los costos fiscales de los sistemas, no garantizan las condiciones para su autofinanciamiento, ni el saneamiento de los sistemas en el largo plazo.[ii]

 

3.                                                      En otro estudio de la CEPAL se indica que los modelos generales de reforma estructural de pensiones aplicados en 12 países latinoamericanos enfrentan 11 desafíos: la caída en la cobertura de la fuerza laboral, el creciente incumplimiento del pago de las cotizaciones; las fallas en la competencia entre administradoras; el alto y sostenido costo administrativo; la acumulación de capital pero la falta de evidencia de que esto haya tenido un impacto positivo en el ahorro nacional; el alto y prolongado costo fiscal de la transición; el posible desarrollo del mercado de capitales pero la falta de diversificación de la cartera de inversiones, el variable rendimiento real de la inversión, la falta de evidencia de que el monto de la pensión en el sistema privado sea mayor que en el público, la acentuación de la inequidad de género, y la erosión de la solidaridad. El estudio señala que solamente en América Latina se han presentado cambios en el sistema de pensiones de un alcance y profundidad sin paralelo que en otras regiones como Europa Central y Europa del Este.[iii]

 

4.                                                      Siguiendo la ruta de las reformas estructurales, la del ISSSTE es una reforma profunda y compleja que se aprobó por sus promotores en un tiempo record en el Congreso de la Unión. La nueva Ley del ISSSTE se aprobó sin un análisis sereno y responsable de sus implicaciones y costo fiscal, incluso, sin una evaluación de sus posibles fortalezas y verdaderas debilidades. Es una reforma que no conocen la mayoría de los 2.4 millones de trabajadores cotizantes al ISSSTE pero padecerán sus efectos en el corto, mediano y largo plazos.

 

5.                                                      No es una reforma social, es una contrareforma social porque no tiene como eje rector mejorar las condiciones de salud, económicas y sociales de los trabajadores, jubilados, pensionados y sus familiares, sino trasladar actividades y prestaciones “rentables” del sistema público de seguridad social hacia el sector privado financiero y de servicios médicos (Afores, compañías de seguros especializadas en pensiones y salud, y proveedores de servicios médicos). Es, en este sentido, una reforma que se coloca en el falso dilema de menos Estado más mercado.

 

6.                                                      No es una reforma que se oriente a resolver los problemas de desigualdad e inequidad que padecen la mayoría de mexicanos, agravados y profundizados en las últimas dos décadas y sólo contenidos por las válvulas de escape de la migración, las remesas y el empleo informal.

 

7.                                                      No es una reforma para enfrentar los desafíos más urgentes de la seguridad social en México: cobertura, heterogeneidad, equidad, financiamiento y calidad.

 

8.                                                      Es una reforma que pasa por alto uno de los acuerdos fundamentales para la Reforma del Estado Mexicano, la discusión y consenso del nuevo pacto social que debería  surgir del debate de las Garantías Sociales.

 

 

Un diagnóstico ad doc al modelo de reforma aprobado

 

9.                                                      La reforma del ISSSTE se fundó en un diagnóstico general, incompleto y, por lo tanto, sesgado de la situación y problemática de la seguridad social de los trabajadores del sector público. La Dirección General del ISSSTE no presentó un documento formal sobre el Diagnóstico del Instituto, sólo dio a conocer versiones gráficas que invariablemente abordaban los factores demográficos y epidemiológicos de la población derechohabiente, la evolución de la relación cotizante/pensionado; las distorsiones actuariales y financieras derivadas del incremento de beneficios sin respaldo financiero y la ausencia de reservas, y la evolución del índice de precios de medicamentos en relación al índice general de precios.[iv]

 

10.                                                  El diagnóstico no incorporó el estudio de otros factores estructurales e institucionales que afectaron y afectan el sistema, entre ellos, los siguientes:

 

i)                   El impacto sobre la cobertura y los ingresos institucionales de variables estructurales como el estancamiento y, en algunos periodos, crecimiento negativo del empleo público, los programas de retiro voluntario para trabajadores en activo, los periodos de alta inflación, y la desvalorización de sueldos y salarios, en particular, del salario básico de cotización.

 

ii)                 El comportamiento histórico de las reservas de los distintos seguros y prestaciones, las políticas de inversión física y financiera de las reservas, los retornos de las inversiones financieras, las causas de su agotamiento y, en su caso, extinción.

 

iii)               El impacto financiero y presupuestal derivado de los subsidios cruzados entre seguros y prestaciones.

 

iv)              El impacto financiero en el Fondo de Pensiones derivado de otras deformaciones administrativas y de relaciones laborales, como los casos de concesión de plazas en el último año laboral para alcanzar jubilaciones que no correspondían a las carreras históricas salariales y laborales de cotización.

 

v)                El monto anual por concepto de pago de indemnizaciones globales y su impacto en el Fondo de Pensiones.

 

vi)              Una evaluación del Sistema de Ahorro para el Retiro creado en 1992 (mejor conocido como SAR 92), en particular, sobre las distorsiones legales y administrativas de este sistema basado en cuentas de capitalización individual, como aquellas que impidieron su utilización como mecanismo financiero complementario para el mejoramiento de la pensión o jubilación, la duplicidad y la alta pasividad de cuentas individuales que registra el sistema, y los casos de retiros ilegales de recursos de las cuentas efectuados fuera de toda normatividad.

 

vii)            Una evaluación integral del Fondo de Vivienda (Fovissste); balance del Fondo; políticas de otorgamiento de créditos, de inversiones y retorno de los créditos; políticas de otorgamiento de créditos cofinanciados Fovissste-banca privada y pública; estado de la cartera de los créditos Fovissste y de los créditos cofinanciados; distorsiones administrativas y legales en el otorgamiento de los créditos, y el estado detallado de las subcuentas del Fondo de Vivienda del SAR 92 (aplicación del saldo como pago inicial del crédito y/o devolución del mismo en aquellos casos en que no se accede al crédito).

 

viii)          Evaluación y resultados de las políticas y convenios de subrogación de servicios médicos, políticas y licitaciones de compra de medicamentos y materiales de curación, y costos de contratación con proveedores de servicios médicos y clínicos privados.

 

ix)              Evaluación por periodos de las políticas promovidas por la Junta Directiva del Instituto en materia actuarial, financiera, administrativa, de subrogación de servicios médicos, y de gestión de los seguros y prestaciones comprendidos en el régimen obligatorio, ubicando las promovidas por la representación del Gobierno federal y la Federación de Sindicatos Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), respectivamente.

 

 

Los problemas estructurales de la reforma

 

11.                                                  La reforma del ISSSTE aprobada por el Congreso de la Unión se basó en dos ejes fundamentales, por una parte, establecer un nuevo modelo de gestión de los servicios médicos para permitir una mayor participación de proveedores privados y, por otra, sustituir el sistema de pensiones de reparto por otro basado en cuentas de capitalización individual, administración privada de fondos y pensiones (Afores y compañías de seguros), con garantía estatal de una pensión mínima (esquema de mínimos).

 

Nuevo modelo de gestión y de financiamiento de los servicios médicos

 

12.                                                  El modelo de gestión contenido en la nueva Ley del ISSSTE se basa en los siguientes criterios rectores:

 

i)                   Se crea el Seguro de Salud que sustituye a los tres seguros previstos en la ley derogada;

 

ii)                 Se separa la “función” de prestación de servicios médicos de la “función” financiera;

 

iii)               Se separa el financiamiento de los servicios médicos de los jubilados y pensionados del financiamiento correspondiente a los trabajadores en activo;

 

iv)              Se establecen criterios operativos y presupuestarios de las unidades médicas en función de sus “resultados”;

 

v)                Se establecen convenios con prestadores externos para la “competencia” y el “equilibrio financiero”;

 

vi)              Se establecen criterios para la transportación (portabilidad) de derechos con el IMSS;

 

vii)            El Instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo de cuotas y aportaciones de Entidades y Dependencias, y

 

13.                                                  Se estable un nuevo régimen financiero para el Seguro de Salud, en donde:

 

§                                 La prima total pasa de 13.50 a 14.97% del sueldo básico de cotización, es decir, sólo se incrementa 1.47 por ciento en relación a la prevista en la ley derogada.

 

§                                 Se incluye una nueva cuota social a cargo del Estado equivalente a 13.9% del salario mínimo general vigente al 1 de julio de 1997, valor inicial que se actualizará trimestralmente con el INPC que, según se estima, representará anualmente recursos adicionales por más de 6 mil millones de pesos.

 

§                                 Adicionalmente el Gobierno Federal aportará por única vez 8 mil millones de pesos en tres años para invertirlos en la infraestructura médica y hospitalaria, en el abasto suficiente de medicamentos, en la adquisición y mantenimiento de equipo, y en la contratación y profesionalización del personal médico y paramédico.

 

14.                                                  El nuevo modelo de gestión de servicios médicos conlleva riesgos porque amplia los convenios de subrogación a discreción de la Junta de Gobierno del Instituto, las necesidades de salud de la población derechohabiente se subsumen a la asignación presupuestal a las unidades de servicios médicos del Instituto en función de sus “resultados”, se cancela el mecanismo de financiamiento solidario entre trabajadores en activos y pensionados, prevé la transferencia de fondos del seguro de salud al sector privado de servicios médicos a través de los llamados convenios de gestión,  prevé la cancelación de servicios en caso de adeudos de Dependencias y Entidades en detrimento directo de los derechohabientes. El criterio rector de este modelo es la competencia interna y externa y el equilibrio financiero.

 

15.                                                  Por otra parte, la pregunta es si el nuevo esquema financiero del Seguro de Salud y los 8 mil millones de pesos que aportará el gobierno federal por única vez, garantizaran una atención adecuada, oportuna y de calidad a los derechohabientes. Si el nuevo régimen resolverá el déficit histórico del Fondo Médico, que sólo en 2006 se estimaba en 5 mil 305 millones de pesos. Si garantizará recursos para la generación de reservas, el abasto suficiente de medicamentos y materiales de curación, atender el rezago tecnológico, de infraestructura médica-hospitalaria y de equipos de laboratorio, y la contratación de personal médico y paramédico.

 

16.                                                  Cabe preguntarse, asimismo, si el esquema de financiamiento se diseñó para soportar el impacto presupuestal que representará atender, según los promotores de la reforma, a cerca de 340 mil nuevos afiliados o 1.7 millones considerando a sus familiares, en el marco del “acuerdo” para incorporar al régimen obligatorio del ISSSTE a trabajadores que laboran con jornada normal en distintas Dependencias y Entidades del Estado dentro del régimen de honorarios, por contrato, lista de raya, y eventuales (artículo transitorio Cuadragésimo Tercero).

 

17.                                                  Para promesas incumplidas en este tema el caso de la reforma del Seguro Social de 1995/1997 es más que ilustrativo. Se estableció un nuevo régimen financiero para el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) que se basó en una disminución de las aportaciones obrero patronales y en un aumento de casi 7 veces la aportación del Estado, más una cuota social gubernamental (igual a la que se establece en la nueva Ley del ISSSTE). Con este régimen se ofreció que se sanearía financieramente el SEM, se fortalecería su infraestructura, que la reducción de las cuotas incentivaría el empleo, habría equilibrio financiero, y se generarían reservas. Nada de esto sucedió. Decirlo no es una cuestión ideológica, sino una realidad plasmada en los propios informes institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2005, el Instituto reportó que el seguro estaba desfinanciado en casi 40%, se requerían 52,178 millones de pesos para abatir de forma inmediata el rezago acumulado de infraestructura y equipamiento, además se tendría que  mantener un ritmo sostenido de inversión de 5,107 millones de pesos por cada medio millón de trabajadores incorporados, y que el presupuesto histórico de inversión ha sido errático y sistemáticamente menor a las necesidades (IMSS, 2005-2006).

 

 

Nuevo sistema de pensiones: migración al sistema de cuentas individuales y esquema de transición

 

18.                                                  Es una reforma de pensiones sustitutiva, es decir, cierra el sistema de reparto por otro basado en cuentas de capitalización individual, administración privada de los fondos y las pensiones (Afores y compañías de seguros), con garantía estatal de pensión mínima.

 

19.                                                  El esquema de transición de un sistema a otro consiste en permitir elegir a los trabajadores activos inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley (31-marzo-2007), entre mantenerse en el “régimen actual” que se modificará gradualmente, o bien recibir un bono de reconocimiento que les permita migrar inmediatamente al nuevo sistema de pensiones.

 

20.                                                  Las pensiones y jubilaciones en curso de pago de los Jubilados, Pensionados o sus familiares derechohabientes a la entrada en vigor de la nueva Ley, estarán a cargo del Gobierno federal en los términos y condiciones de la ley abrogada.

 

 

“Régimen actual” ajustado

 

21.                                                  Es una ilusión mediática y discursiva la de los promotores de la reforma cuando señalan que la reforma permite a los trabajadores activos elegir mantenerse en el “régimen actual”, en tanto que, ese régimen de pensiones y jubilaciones fue derogado con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE el 31 de marzo de 2007.

 

§                     Los trabajadores que elijan mantenerse en el llamado “régimen actual”, en realidad estarán optando por el régimen o las “modalidades” que prevé el artículo décimo transitorio. Estas modalidades tratan del derecho de obtener una pensión por Jubilación; pensión de Retiro por edad y tiempo de servicio, o una pensión de Cesantía en edad avanzada, cuyos requisitos de edad para acceder a estas pensiones aumentarán gradualmente a partir del año 2010. El resto de los seguros del “régimen actual" quedan excluidos de la “libre opción” (riegos del trabajo, invalidez y muerte, e indemnización global). Por lo que los trabajadores que opten por el régimen del artículo décimo transitorio, se sujetaran a las disposiciones de la nueva Ley en cuanto a los seguros de riesgos del trabajo y de invalidez y vida, cuyas pensiones se contratarán con instituciones de seguros privadas.

 

§                     Los trabajadores que elijan este régimen, estarán obligados a pagar las cuotas previstas para cada uno de los seguros que establece el régimen obligatorio de la nueva ley. Específicamente, pagarán la cuota correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) previsto por la nueva ley (artículo undécimo transitorio), en cuyo caso, la cuota aumentará gradualmente en el periodo 2008-2012, de 3.50 a 6.125% del sueldo básico de cotización (trigésimo primero transitorio). Por lo que el pago de las pensiones y las de los familiares derechohabientes que señala el artículo décimo transitorio se financiarán con cargo a estas cuotas, más las aportaciones correspondientes a Dependencias y Entidades, más las cuotas y aportaciones correspondientes a los seguros de riesgos del trabajo y de invalidez y vida, y con recursos complementarios que, en su caso, transfiera el Gobierno Federal al Instituto (artículo décimo segundo transitorio).

 

§                     A partir del día 1 de enero de 2008, los trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen establecido en el artículo décimo transitorio o por migrar al régimen de cuentas  individuales con la acreditación de los “Bonos de Pensión del ISSSTE”.

 

 

Sistema de pensiones basado en la  capitalización individual

 

22.                                                  Bajo este sistema, la capitalización individual será la base para el financiamiento de todas las pensiones comprendidas en el régimen obligatorio de la nueva Ley: de manera directa en el caso del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) y, de forma complementaria, para los seguros de invalidez y vida (IV) y de riesgos del trabajo (RT).

 

23.                                                  El sistema de capitalización individual será obligatorio para:

 

§                     Los trabajadores que a la entrada en vigor de la nueva ley se inscriban por primera vez al ISSSTE, en cuyo caso cubrirán automáticamente una cuota de 6.125% de su sueldo base de cotización correspondiente al seguro de RCV.

 

§                     Los trabajadores en activo afiliados al ISSSTE antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, y que opten por la acreditación de los “Bonos de Pensión ISSSTE” (BP). En este caso, los trabajadores además de recibir los BP para el reconocimiento de sus derechos adquiridos en el sistema anterior, tendrán derecho a una pensión por vejez al cumplir 65 años de edad o por cesantía en edad avanzada después de los 60 años siempre y cuando hayan quedado privados de trabajo remunerado, también observaran un incremento en sus cuotas de 3.50 a 6.125% del sueldo básico por concepto del nuevo seguro de RCV. La pensión y el seguro de sobrevivencia para sus familiares previsto por el seguro de RCV se financiarán con cargo al saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador integrado por: los BP, nuevas cuotas y aportaciones, más los rendimientos de su inversión.

 

24.                                                  Adicionalmente a las aportaciones que deben cubrir las Dependencias y Entidades por el seguro de RCV, el gobierno federal depositará a la cuenta individual de los trabajadores una cuota social equivalente al 5.5% de un salario mínimo. Asimismo, los trabajadores podrán optar porque se les de hasta el 2.0% de su sueldo básico para incrementar el saldo de su cuenta individual, en cuyo caso, las Dependencias y Entidades estarán obligadas a depositar un “ahorro solidario” de 3 pesos con 25 centavos por cada peso que ahorren los trabajadores con un tope máximo del 6.5% del mismo sueldo básico.

 

25.                                                  Si al cumplir los requisitos de edad (60 por cesantía o 65 por vejez) y años de cotización (25), el saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador no es suficiente para contratar con una compañía de seguros una renta vitalicia y un seguro sobrevivencia para sus beneficiarios, recibirá del Gobierno federal los recursos complementarios para recibir una pensión mínima garantizada de 2 salarios mínimos. Dicha garantía opera una vez que se agotó el saldo de la cuenta individual por efecto de retiros programados que cubren temporalmente la pensión del trabajador, retiros mensuales que no pueden ser inferiores al monto de la pensión garantizada.

 

26.                                                  Se crea el Instituto Pensionissste, como órgano público desconcentrado con “objeto social” para administrar las cuentas individuales de todos los trabajadores (de los que se inscriban al ISSSTE por primera vez y de aquellos que migren al nuevo régimen de pensiones) durante 36 meses, después de este plazo los trabajadores podrán traspasar su cuenta a otra Afore. La dirección del Pensionissste estará en manos del gobierno federal y de las dirigencias del SNTE y de la FSTSE, e inicialmente le serán trasferidas para su operación las Cuentas Individuales correspondientes al SAR 92 y los recursos acumulados en las subcuentas de ahorro para el retiro que de 1992 al cierre de febrero de 2007 ascendieron 57.7 mil millones de pesos.

 

 

Los riegos asociados al nuevo sistema de pensiones

 

27.                                                  Los trabajadores pagarán comisiones de mercado por la administración de sus cuentas y la inversión de los recursos que las integren, ya sea a que se trate de una Afore pública (Pensionissste), de la Afore Siglo XXI, o de cualquier otra Afore cien por ciento privada.

 

28.                                                  El sistema de capitalización individual sólo garantiza la Pensión Mínima (PM) y no establece rendimientos mínimos garantizados a los recursos de los trabajadores depositados en su cuenta individual.

 

29.                                                  No es un sistema autofinanciable, no está en equilibrio permanente y no elimina la “trayectoria explosiva del déficit” como lo afirma la SHCP, ello por los costos fiscales de la transición (pensiones en curso de pago, bonos de reconocimiento) y los costos permanentes asociados al diseño del mismo modelo (pensión mínima garantizada).

 

30.                                                  El rendimiento del ahorro de los trabajadores lo determina el mercado, así como también el nivel de comisiones o precios por administración de la cuenta individual e inversión de los recursos que la integran. Con excepción, los Bonos de Pensión ISSSTE tendrán un rendimiento garantizado por el gobierno federal con cargo a recursos fiscales y no se cobrarán comisiones sobre el valor de los bonos.

 

31.                                                  Es un sistema de aportación definida (el trabajador sabe cuanto ingresa a su cuenta individual) de beneficios inciertos (excepto la pensión mínima garantizada). Algunas estimaciones de la SHCP señalan que un trabajador con 25 años de contribución recibiría una pensión de menos de la mitad de su último salario, incluyendo el máximo de las aportaciones voluntarias (ahorro solidario) que prevé la nueva ley.

 

32.                                                  El sistema empobrece a la gran mayoría de trabajadores en la vejez, particularmente, a las mujeres dadas las condiciones que enfrentan determinadas por más salidas del mercado de trabajo, salarios en promedio menores a los de los hombres, y una mayor sobrevivencia en la vejez, por lo cual tienden a acumular un menor saldo en su cuenta individual para financiar una pensión para más tiempo.

 

33.                                                  El “Ahorro Solidario” es regresivo, beneficiará a los trabajadores de más altos salarios. La confesión de parte se lee en la Exposición de Motivos de la Iniciativa: “…(se espera) que la mayoría de los trabajadores participen, incluyendo los de menores ingresos”. La ilusión de la tecnocracia: los trabajadores ahorran después de impuestos, vivienda, alimentación, vestido, transporte, etcétera. El “Ahorro Solidario” es, en todo caso, la confesión de parte de que el régimen de cuentas individuales es insuficiente para el financiamiento de las pensiones.

 

34.                                                  El trabajador, en lo individual, no sólo enfrenta el riesgo por la administración privada de sus fondos para el retiro, sino también los riesgos de la contratación de su pensión (renta vitalicia) y la de sus familiares (seguro de sobrevivencia) con instituciones de seguros privadas.

 

35.                                                  Los legisladores aprobaron la reforma de la SHCP, argumentan que no se privatiza el ISSSTE. Tratando de coincidir, entonces lo que ocurre es que se desmantela al ISSSTE, porque la operación activa de todos los seguros de pensiones ya no la llevará el Instituto sino las “instituciones privadas de seguros especializadas en rentas vitalicias”, y la administración de los fondos de uno de los cuatro nuevos seguros del régimen obligatorio el de RCV, por cierto el más significativo por los recursos que implica, se transfieren al sector financiero a través de las Afore, incluida a la Afore pública Pensionissste.

 

36.                                                  Se argumenta por parte de los legisladores promotores de la reforma que se crea el Pensionissste para “eliminar el efecto adverso de las Afore”. Sin embargo, el Pensionissste no es más que la concesión perversa y riesgosa a los dirigentes de la FSTSE y del SNTE, es uno de los factores de la negociación de la reforma de pensiones. El Pensionissste nace subsidiado por los contribuyentes y burocratizado en su dirección.

 

37.                                                  El Pensionissste será una Afore más en el mercado, su operación, administración y funcionamiento se sujetará a las mismas reglas del juego establecidas para los demás “competidores” privados (la competencia sigue siendo en nuestro país un “arreglo entre caballeros” más que un arreglo del mercado), cobrará comisiones de mercado al igual que el resto de las Afore privadas e invertirá en los mismos términos que establece el régimen previsto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (artículos 106, 107, 108).

 

38.                                                  Las Afore han resultado ser un instrumento costoso para los trabajadores del IMSS y no han detonado la inversión productiva del país:

 

§                     Al cierre de 2006 las Afore administraban recursos por 714.5 mil millones de pesos, 7.0% del PIB (seguro de RCV y aportaciones voluntarias, excluyendo las aportaciones de vivienda del Infonavit). Al cierre de febrero de 2007, los recursos acumulados en el sistema ascendieron a 721.0 mil millones de pesos, de estos 72.0% se estaban invertidos en valores gubernamentales, 2.4% de la cartera se encuentra en instrumentos de renta variable nacional y 10.4% en valores internacionales (renta variable y deuda extranjera).

§                     Altas comisiones. Las Afores cobran a los trabajadores una comisión promedio por flujo de 1.04%, es decir, cobran 15.99 pesos por cada 100 pesos que ingresan a la cuenta individual del trabajador. Además cobran en promedio 0.49% sobre el valor de los activos administrados (comisión sobre saldo acumulado en la cuenta individual).

§                     Bajos rendimientos. El rendimiento neto real promedio que han otorgado a los recursos de los trabajadores desde el inicio del sistema al cierre de 2005 fue de 2.58% y de 3.54% al cierre de 2006, descontando inflación y comisiones.

§                     Altas ganancias para la industria. Las altas comisiones por flujo y por saldo les reportaron a las Afore ingresos por 94.9 mil millones de pesos entre julio de 1997 y el cierre de 2006, lo que representó 13.3% del valor total de los activos administrados por las Afore para el mismo periodo.

 

39.                                                  La reforma de pensiones cambia el papel del Estado en cuanto a su responsabilidad social. Su función se reduce a garantizar el pago de pensiones mínimas para compensar los “fallos” y “desequilibrios” del mercado, el pago de las pensiones y jubilaciones en curso y, además, adquiere una deuda fiscal monumental a través de los Bonos de Pensión y el pago de la rentabilidad sobre los éstos. Esta deuda se  traslada como compromiso de pago para las futuras administraciones y generaciones de mexicanos.

 

§                     El sistema de cuentas individuales implica un alto costo fiscal, la experiencia del IMSS es aleccionadora. En 1995 se estimó que la reforma de pensiones del IMSS tendría un costo promedio anual de 0.4% del producto interno bruto (PIB) durante los primeros diez años, sin embargo, el promedio anual observado es de 0.76 por ciento de dicho producto; las pensiones en curso de pago ascenderán hasta el uno o dos por ciento del PIB, además el Estado tendrá que pagar los títulos de deuda en que se han invertido el 72% de los recursos depositados en las Afore.

 

40.                                                  Al respecto, las Comisiones Dictaminadoras de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, no solventaron lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque no presentaron los cálculos del impacto presupuestario de la Iniciativa, sólo hicieron una “valoración” de dos de los apoyos extraordinarias que el Gobierno federal transferirá por única vez al Instituto. No se presentaron las proyecciones y estimaciones del costo fiscal de la reforma que incluye entre otros conceptos el costo por: los Depósitos por “Ahorro Solidario” que, en su caso, efectuarán las Entidades y Dependencias en la Cuenta Individual del Trabajador; la Cuota Social a cargo del Gobierno Federal al Seguro de Salud; la Cuota Social a cargo del Gobierno Federal que depositará en la Cuenta Individual de Trabajador y, en su caso, en la Cuenta Individual del Pensionado por IV y por RT; la Pensión Garantizada a cargo del Estado en los seguros de RCV, IV y RT; actualización de Pensión Garantizada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor; las Pensiones que se otorguen a los trabajadores que opten por el esquema establecido en el artículo décimo transitorio de la ley, así como su costo de administración y actualización por incremento anual de las Pensiones; los Bonos de Pensión ISSSTE e interés garantizado sobre dichos bonos; Depósitos a la vista denominados en unidades de inversión en el Banco de México y los intereses que devengarán dichos depósitos; Pensiones en curso de pago de los jubilados, pensionados y de familiares derechohabientes, así como su costo de administración y actualización por incremento anual de las pensiones; recursos para “apoyar” al ISSSTE para el inicio de operaciones del Pensionissste, y el reconocimiento de derechos para los trabajadores que señala el artículo cuadragésimo tercero transitorio de la ley.


 

 

7.- El documento antes trascrito, ilustra de manera esplendida, las fortalezas y debilidades de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y es  un excelente marco de referencia del contenido de este nuevo ordenamiento jurídico, el cual anexamos al presente escrito.

 

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Los actos señalados como reclamados en esta demanda violan en perjuicio del Quejoso lo preceptuado por los artículos 1º, 14, 16, 25, 27, 28, 123, Apartado B, fracción XI, 133, y 135,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

PRIMERO.- El acto reclamado que impugnamos de las autoridades señaladas como responsables viola en perjuicio de mis Representadas la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Esto se concluye de manera inconcusa al establecer el precepto constitucional aludido a que:

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

 

 

En efecto, tal disposición señala que la inobservancia de las Garantías que la propia Constitución establece es sólo la excepción, pues en condiciones normales y fuera de las limitaciones que cada precepto señala para su ejercicio, su respeto y cumplimiento por sus sujetos pasivos, a saber, las autoridades del Estado, es inexcusable.

 

 

Es decir, el concepto suspensión referido a las Garantías Individuales se vincula por su no observancia por las Autoridades Estatales, pero sólo bajo los supuestos y con las condiciones que preceptúa el artículo 29 Constitucional, el cual es el que contempla dicha figura; POR LO QUE, FUERA DE LAS HIPÓTESIS QUE SEÑALA EL ÚLTIMO NUMERAL CITADO, NUESTRA CONSTITUCIÓN NO COMTEMPLA DE MANERA ALGUNA LA INOBSERVANCIA DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES QUE ELLA MISMA ESTABLECE.

 

 

 Es decir, las Autoridades señaladas como Responsables dejan de observar o suspenden en perjuicio de mi representada sus Garantías Constitucionales, el derecho a la seguridad social y Legalidad de manera arbitraria y sin encontrarse de manera alguna en los supuestos que contempla el artículo 29 Constitucional.

 

 

De manera análoga sucede con el concepto restricción que también contempla el artículo 1º Constitucional, PUES POR DICHO CONCEPTO DEBEMOS ENTENDER NO LA INOBSERVANCIA DE UNA GARANTÍA INDIVIDUAL POR EL SUJETO PASIVO DE LA MISMA, SINO SU OBSERVANCIA PARCIAL EN VIRTUD DE UNA LIMITACIÓN QUE PUEDE TENER COMO CAUSA EFICIENTE,  POR EJEMPLO, LA MORAL, EL ORDEN PÚBLICO O LOS DERECHOS DE TERCERO; así, las limitaciones a las Garantías Individuales serán establecidas casuísticamente por cada precepto Constitucional que  contenga el Derecho Público Subjetivo en cuestión.

 

 

Lo anterior se entiende en virtud de los principios de Supremacía Constitucional y de Unidad Sistemática de la Constitución, pues sólo puede limitar una norma Constitucional el contenido de otra norma Constitucional y tal limitación es congruente y Constitucional si se encuentra dentro de la propia Ley suprema. 

 

 

Es aplicable al caso que nos ocupa, la Tesis Plenaria CXXXIII/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Septiembre de 2000, visible en la pagina 27, bajo el rubro y texto siguiente:

 


IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA.

 

Si bien es cierto que las garantías que otorga la Constitución Federal sólo pueden restringirse por disposición de la propia Ley Fundamental o por otra ley a la que la misma remita, también lo es que los conceptos de violación que haga valer el quejoso en el juicio de amparo, respecto al artículo 1o. de la Carta Magna que prevé la garantía de igualdad, sólo pueden entenderse en relación directa con las libertades que la propia Constitución consagra. Esto es, la violación que se produciría, en su caso, al artículo 1o. sólo puede advertirse de un estudio conjunto de dicho ordinal con la correlativa libertad que se arguye violada.

 

Amparo en revisión 295/99. Colegio Mexicano de Licenciados en Administración, A.C. 8 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.


El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXXIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

 

 

En efecto, la violación a la Garantía de Igualdad consagrada en el artículo 1º Constitucional se inscribe en el contexto de una indebida inobservancia de las Garantías del derecho a la seguridad social y Legalidad contempladas en los artículos 123 y 16 de la propia Ley Fundamental, pues de ningún modo se han actualizado en el caso que nos ocupa, las hipótesis de suspensión o restricción que el primer numeral Constitucional establece de manera inexorable.

 

 

En el caso que nos ocupa, LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE PROTECCIÓN A LA SALUD Y LEGALIDAD VIOLADAS POR LAS RESPONSABLES NO ESTABLECEN EN SU PARTE CONDUCENTE LIMITACIÓN ALGUNA PARA SU RESPETO EFICAZ, POR LO QUE SU OBSERVANCIA PARCIAL POR LAS AUTORIDADES DEMANDADAS  VIOLA DE MANERA DIÁFANA LA GARANTÍA DE IGUALDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

 

 

Lo anterior, puede ser corroborado con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que al tenor literal dice:

 
 

“Artículo 25. En caso de que alguna Dependencia o Entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos previstos en esta Ley, el Instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.

 

Transcurridos doce meses, consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses, de incumplimiento parcial o total del entero de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, el Instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo, para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la Dependencia o Entidad respectiva con sesenta días de anticipación. La Junta Directiva y el Director General del Instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo.

 

En el caso previsto en el párrafo anterior, la Dependencia o Entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en esta Ley.”

 

El precepto legal de referencia, es violatorio los artículos 14, 16 y 123, Apartado B, fracción XI, y 133 constitucionales.

 

A mayor abundamiento, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, en tesis bajo el rubro: GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.” Al texto señala que:

 

La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.

 

  

Cabe destacar que con la adición al artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de diciembre de 1960, se plasma en los dictámenes y debates del Constituyente Permanente el espíritu y la intención del Poder Revisor de la Constitución y del Constituyente originario de 1917 y que en su parte conducente a la letra dice:

  

Con la preocupación de mantener y consolidar los ideales revolucionarios, cuyo legado hemos recibido con plena conciencia y responsabilidad por todo lo que representa para el progreso de México dentro de la justicia social, en el Informe que rendí ante el Congreso de la Unión el día 1o. de septiembre último, me permití anunciar que oportunamente propondría a su elevada consideración, el Proyecto de Reformas a la Constitución General de la República tendiente a incorporar en ella los principios de protección para el trabajo de los servidores del Estado.

 

Los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el Artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores.

 

La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, comno los de sus familares: jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así corno las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.

Esta actitud del Ejecutivo responde a un anhelo de la clase trabajadora, que ha sido expresado en muchas ocasiones y conforme al cual debe considerarse el Articulo 123 vigente corno una conquista histórica de la Revolución Mexicana que no debe ser motivo de modificaciones ni esenciales ni literales de ninguna naturaleza.

 

A fin de incorporar en el Artículo 123 y que íntegra el Titulo Sexto Capitulo III de la Constitución bajó el rubro Del Trabajo y la Previsión social, las garantías sociales y los derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado, se introduce la distribución formal consistente en que él texto actual del Articulo 123 se establecerá en el Apartado B.

 

2.-Las Comisiones Dictaminadoras consideran absolutamente justificadas las adiciones al Articulo 123, materia de la iniciativa Siguiendo la tradición establecida por el constituyente de 1917 y a fin de enriquecer las garantías sociales que nuestra Constitución consagra, se eleven a la categoría de norma constitucional disposiciones que tienden a garantizar el respeto de los derechos inherentes a los servidores del Estado, limitando al Poder Público en sus relaciones con ellos a procurar el mejoramiento del nivel de Vida de los trabajadores y sus familiares y a adoptar bases mínimas de seguridad social con el mismo propósito.

 

"De la lectura expositiva de los motivos en que se funda la iniciativa presidencial, y de los puntos expuestos por el H. Senado, estas Comisiones Unidas han advertido preferentemente que esta iniciativa se inspira en el deseo de cumplimentar un viejo anhelo de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, haciendo con ello operantes los principios de justicia social en que se inspira el artículo 123 y que implican toda la temática de la Revolución Mexicana.

 

- El C. Gandarilla Avilés Emilio: "Honorable Asamblea: llego a esta tribuna, la más alta de mi patria, en representación de mis compañeros, los trabajadores al servicio del Estado, a solicitud de vuestra soberanía la aprobación de este dictamen, que garantiza los derechos de los servidores públicos. Con el fin de ilustrar en forma mínima vuestro amplio criterio, séame permitido citar algunos antecedentes.

 

Después de 35 años de lucha continua por elevar su condición económica y social, los trabajadores al servicio del Estado, ven realizarse sus más caros anhelos al remitir el Sr. Presidente de la República la iniciativa para incluir sus derechos en el artículo 123 de nuestra Constitución, a las Cámaras de Senadores y Diputados.

 

El servidor del Estado, entiéndase por tal aquel que ha hecho una carrera práctica o técnica, para servir a la sociedad, desde un modesto empleo oficial, se ha distinguido siempre en el cumplimiento de su deber y esto quedó demostrado cuando la administración  pública pudo realizar su cometido en los días en que la expresión de nuestra Revolución era violenta y pedía el sacrificio de los encargados de las oficinas improvisadas y de los que guardaban celosamente los documentos que marcan la historia de Estados, ciudades y Municipios. Muchos actos heroicos realizaron estos héroes anónimos.

 

Antes del 5 de diciembre de 1938, fecha de la expedición del Estatuto, los puestos en las oficinas públicas eran considerados en términos generales como botín político y solamente tenían acceso a ellos los compadres y amigos de los jefes en turno, con grave perjuicio de la buena marcha de la administración y en contra de quienes, por su conocimiento y honradez, y casi por indispensables, ya que realizaban todas las labores de sus oficinas, lograban conservar sus empleos, soportando las arbitrariedades e insolencias de los favoritos, que quedaban en calidad de dueños de vida y conciencia de los empleados de sus órdenes, dedicándose a realizar negocios personales y a lucir sus autoridad con trabajadoras que necesitaban de su empleo para subsistir, mientras los abandonados de la fortuna, trabajaban las más de las veces jornadas de 10 a 12 horas diarias, sin el pago del tiempo extra, sin día de descanso a la semana, sin estímulo que le permitiera superarse y sin derecho a hacer la menor reclamación al jefe inmediato por los malos tratos y vejaciones de que eran objeto.

 

Diciembre marcaba el momento trágico del trabajador ya que en aquel tiempo en lugar de recibir felicitaciones de fin de año o el acostumbrado "aguinaldo" de nuestros días, era caso seguro que se le comunicara el temido cese, con objeto de acomodar a un recomendado o a un favorecido a partir del 1o. de enero del siguiente año.

 

Los servicios médicos, la hospitalización y medicinas y las prestaciones que reciban los obreros de la industria privada, eran un sueño para la burocracia.

 

Ante ese negro panorama y estrecho horizonte de los trabajadores del Estado, surgieron los hombres y las mujeres que, exponiendo su empleo, convocaron a sus hermanos de clase, para que unidos defendieran sus derechos y así iniciaron pláticas y reuniones en todas las Secretarías de Estado y organismos del Gobierno. No pocos precursores de este movimiento fueron dados de baja y no pocos encarcelados por maquinaciones de jefes de 4a. o 5a. categoría para evitar que siguieran despertando la conciencia de sus compañeros.

 

Era tal el deseo de acabar con tanta iniquidad que fue imposible contener a los nacientes sindicatos en las diferentes dependencias del Ejecutivo. Afortunadamente el Gobierno revolucionario del general Lázaro Cárdenas comprendió la agobiante situación de los trabajadores del Estado y dándoles el derecho de asociarse, propició la promulgación del Estado Jurídico, reconociendo que en esa lucha se defendían legítimamente las garantías y derechos en la misma forma en que las defendieron en su oportunidad los trabajadores industriales.

 

Los enemigos de la Revolución criticaron acremente este paso dado por el Gobierno y pronosticaron un sonado fracaso del ordenamiento que protegía a una gran parte de la clase media del país.

 

Pero se impuso la razón y el trabajador del Estado salió airoso de esta prueba, demostrando ser digno depositario de la confianza de los hombres responsables de la buena marcha de la administración pública.

 

Sólo faltaba que se elevara a rango constitucional el Estatuto Jurídico y han sido 21 años de lucha y esfuerzo los que se ven coronados por el éxito, al firmar la iniciativa que nos ocupa el señor Presidente el pasado 5 de diciembre y al ser aprobada en esta memorable Asamblea por ustedes. No puede expresarse la satisfacción enorme que ha causado, no solamente a los trabajadores que sirven a la sociedad, sino a todos los obreros de la República Mexicana, la iniciativa que adiciona al artículo 123 los derechos de los burócratas, ya que es indiscutible que al aprobarse este proyecto quedarán bajo su protección cerca de un millón de mexicanos, que tendrán los mismos derechos que las familias de nuestros obreros protegidos ya por el artículo que es orgullo de nuestra Constitución.

 

El Estatuto de los Trabajadores del Estado ha sorteado con éxito la prueba del tiempo y al elevarlo a la categoría constitucional serán inviolables las conquistas sociales que contiene. Los servidores públicos con las obligaciones y al disfrutar de una protección social, que no tienen los trabajadores del Estado de ningún país del mundo, indudablemente incrementará su celo en el trabajo para servir leal y patrióticamente a la sociedad de la cual son parte, considerando que la Revolución Mexicana con su justicia social ha llegado al más apartado lugar de nuestra patria, donde se encuentre un servidor público.

 

Para poder justipreciar los beneficios que aporta la iniciativa, basta tomar nota de las ventajas que concede comparándolas con el régimen que ha venido prevaleciendo, que a pesar de su gran espíritu de protección, está fuera de tiempo, dejando atrás a los que beneficia, en relación con las demás clases trabajadoras.

 

Esta edición al 123 consagra las bases mínimas de protección a los trabajadores que en esta forma aseguran su tranquilidad personal y el bienestar que sus familiares disfrutan; del señalamiento de jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos, vacaciones, escalafón para ascensos, derecho de asociación, derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, medicinas, hospitalización, jubilación, seguro de vejez, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas en arrendamiento o en venta, seguro de maternidad, centros de capacitación profesional y administrativa, campos deportivos, almacenes y tiendas para obtener víveres baratos. En esta forma se satisface plenamente al individuo que entrega su vida al Estado y se penetra en su hogar, protegiendo a su familia.

 

Cabe recordar la expresión del señor Presidente "... el trabajo no es una simple mercancía; sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre..." Este concepto es la base sobre la cual se apoya la construcción social de la Revolución Mexicana, que siempre tiende a elevar el nivel de vida de todos los mexicanos,  ya que el trabajo es el único medio honorable de que disponemos para cuidar de nuestra propia vida y de los seres dependen de nosotros.

 

El señor Presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, siguiendo su humano criterio, que le es característico, al mandar la iniciativa que coloca al Estatuto Jurídico en el rango supremo de un ordenamiento constitucional, lo pone a salvo de arbitrarias modificaciones y éste es un gesto de ilimitada confianza en la laboriosidad y patriotismo de los trabajadores del Estado. Esto se ha logrado en una conjugación de conceptos que no aparecen de fácil convergencia: derechos del individuo y derechos de la sociedad, libertad y paz social y así se crea el nuevo humanismo de la Revolución Mexicana, que se realiza en los Trabajadores al Servicio del Estado, y será ejemplo no sólo para los demás trabajadores del país sino para los trabajadores del mundo.

 

 

Compañeros diputados:

 

En los hogares de 300 mil familias mexicanas, en estos momentos brilla resplandeciente la llama de la esperanza, alimentada por la seguridad de que ustedes comprenden los problemas de quienes sirven a la Sociedad y de que también saben interpretar con acierto los alcances de la justicia social de nuestra Revolución. A nombre de los trabajadores, de sus hijos, de sus mujeres y de todos lo familiares pido su aprobación para este dictamen". (Aplausos)

SEGUNDO.- El acto reclamado que impugno de las autoridades señaladas como responsables viola en perjuicio de mis Representadas el derecho a la seguridad social de los trabajadores del Estado, consagrado en la fracción XI del apartado B del artículo 123 en relación con el inciso h) de la fracción XXVII del apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Lo anterior se infiere al establecer el precepto constitucional que:

 

123…

 

A…

 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

 

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

 

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

 

 

 

El artículo 123, Apartado, B, fracción XI, es claro al establecer que la seguridad social se organizará conforme a bases mínimas, las cuales se encuentran estipuladas en los incisos del a) al f),  anteriormente transcritas.

 

 

Es pertinente al caso concreto, la Tesis 2a. XCV/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Diciembre de 2006, visible en la pagina 231, bajo el rubro y texto siguiente:

 

PENSIONES COMPATIBLES. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, QUE FIJA SU MONTO MÁXIMO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD SOCIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El citado precepto constitucional establece las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, de las que deriva el derecho al pago de pensiones por jubilación, invalidez, vejez y muerte, aunque sin señalar el monto a cubrir por cada una de ellas, ya que deja al legislador ordinario su regulación. En ese sentido, se concluye que el artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al señalar que la suma de las pensiones compatibles en términos del propio numeral no podrá exceder la cantidad fijada como cuota máxima en el artículo 57 de la misma Ley, no contraviene la garantía de seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al regular el monto a cubrir por concepto de las mencionadas pensiones respetó lo prescrito en éste.

Amparo en revisión 1026/2005. Elena Roces Dorronsoro viuda de Álvarez-Buylla. 13 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

Amparo en revisión 1571/2006. María Rosario Magdaleno Zapata. 18 de octubre de 2006. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

 

Que si bien es cierto que el criterio antes citado, en cuanto a las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, específicamente las relativas al derecho al pago de pensiones por jubilación, invalidez, vejez y muerte, no señalan el monto a cubrir por cada una de ellas, pues deja al legislador ordinario su regulación. También es el hecho, que el legislador ordinario, vulnerando las atribuciones del Constituyente Permanente, establece una reforma  de pensiones sustitutiva, es decir, cierra el sistema de reparto por otro basado en cuentas de capitalización individual, administración privada de los fondos y las pensiones (Afores y compañías de seguros), con garantía estatal de pensión mínima, sin hacer una enmienda constitucional.

De facto, el legislador ordinario, asume atribuciones sólo conferidas al Poder Revisor de la Constitución, como lo es en el caso concreto el Constituyente Permanente.   

El legislador ordinario, con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vulnera  las bases mínimas de de la seguridad social estipuladas en el artículo 123, Apartado, B, fracción XI, incisos del a) al f) de la Ley Fundamental.

 

Asimismo, se conculcan con el nuevo ordenamiento jurídico, en síntesis, los siguientes derechos:

 

 

a). Derechos pensionarios. Los trabajadores que han cotizado al ISSSTE tiene como derecho adquirido el de obtener pensiones por Jubilación (artículo 60 de la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1983); Retiro por cesantía en edad avanzada y vejez  (artículo 61 a 66 de dicha ley); Cesantía en edad avanzada (artículos 82 a 86); Indemnización global (artículo 87 a 90) y Sistema de Ahorro para el Retiro (artículos 90 BIS A a 90 BIS T).

En los tres primeros casos, el trabajador que opte por el nuevo régimen de pensiones pierde todos estos derechos y sólo tendrá un seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y el trabajador que opte por el régimen que establece el artículo décimo transitorio tendrá que cotizar por más años, pagar aportaciones mayores y su pensión se calculará conforme al promedio del sueldo del último año siempre y cuando tenga una antigüedad de tres años en el puesto.

 

b). Las subcuentas de retiro y de vivienda del sistema de ahorro para el retiro se integra a las pensiones, cuando en la Ley anterior se entregaban al trabajador cuando éste solicitara su pensión: el retiro en una exhibición y el saldo acumulado en vivienda en caso de no haberse ejercido el crédito.

 

c). Actualización de pensiones. Conforme al artículo 57 de la Ley del ISSSTE que se deroga, el aumento a las pensiones se podría dar conforme al aumento que se da a los trabajadores en activo, siempre que fuere mayor al incremento observado en la inflación.

 

d). Portabilidad. Con la nueva Ley del ISSSTE que se deroga, los trabajadores podrían acceder a dos pensiones si cotizan simultáneamente al IMSS y al ISSSTE. Esto es imposible bajo el sistema de transportación de derechos que prevé la Ley vigente en su artículo 148.

 

e). Seguro de salud. El establecimiento de un modelo y programas de salud “en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus Derechohabientes” (artículo 28) da pie al establecimiento de servicios segmentados y diferenciados de acuerdo a la población que se atienda esto puede ser discriminatorio conforme al tercer párrafo del artículo primero de la Constitución.

 

f). Las prestaciones sociales y económica que son derechos los afiliados al ISSSTE  de acuerdo a los artículos 137 a 141 de la Ley que se deroga se condicionan a la disponibilidad financiera del Instituto y a que la prestación no afecte la viabilidad en el corto, mediano o largo plazo (artículos 196 y 198 de la Ley vigente).

 

 

Ahora bien, cabe destacar que las facultades otorgadas por la Norma Suprema al legislador ordinario  en tratándose de bases mínimas de de la seguridad social estipuladas en el artículo 123, Apartado, B, fracción XI, incisos del a) al f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecidas en su ley secundaria, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus reformas, adiciones o derogación de éste último ordenamiento jurídico, cuya existencia deriva del Constituyente 1916-1917 o en su caso, del Constituyente Permanente, no comprenden las de trastornar la naturaleza de las bases mínimas de la seguridad social, esto es, la facultad de desnaturalizarlas, ni las de sustituir por otras sus elementos esenciales, por lo que el nuevo ordenamiento jurídico no puede trastocar lo que fue obra del Constituyente originario o del Poder Revisor de la Constitución, cambiar la naturaleza de la seguridad social a una de carácter individual y privado, vulnera nuestro Código Político de 1917, pues solo se autoriza al H. Congreso de la Unión para legislar en la materia, atendiendo a las bases mínimas de la seguridad social   contempladas en la fracción XI, Apartado B, del artículo 123 constitucional, es decir, para la promulgación de leyes encaminadas a garantizar las bases mínimas de la seguridad social; pero no para cambiar la esencia de la seguridad social, ni para individualizar ni privatizar la misma, pues tal pretensión se encuentra reservada para el Constituyente Permanente y toda vez que deben ser facultades expresas, por lo que al no estar consignadas en la Constitución para el legislador ordinario, éste no puede arrogárseles.

 

En este sentido es particularmente relevante lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley que se señala como acto reclamado, que a letra dice:

 

“Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado.

 

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo.

 

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley.

 

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación.”

 

El amparo es procedente ante la pérdida del carácter público y social del ISSSTE y la seguridad social, al transformarse en privado y mercantil la protección social del trabajo establecida como responsabilidad del Estado.

 

 

En efecto, la acción constitucional se endereza en contra de la pérdida de derechos adquiridos, ya que restingue el acceso a los servicios médicos y la protección ante los riesgos y  accidentes laborales, elimina la pensión dinámica y cancela 17 prestaciones  sociales para mejorar la calidad de vida de los empleados públicos, la cual se deduce de lo dispuesto por el ordenamiento legal señalado como acto reclamado.

 

Esto es así desaparece  y mercantiliza el ahorro laboral como sucede en los prestamos personales constituidos en base al 1% del salario del trabajador en la ley anterior, en la nueva ley el fondo colectivo de ahorro de 2.4 millones de trabajadores pasa al patrimonio del instituto, dicho fondo acumulado en 47 años se estima que  debiera superar los 75 mil millones. Los intereses en la nueva ley representaran mínimo el 125% de la tasa de los CETES interbancarios a 28 días con los prestamos se regirán con los criterios bancarios a pesar de ser un ahorro colectivo de los trabajadores al servicio del estado. 

 

 

Con la nueva ley desaparece la entrega del fondo del SAR y del Fovissste, los  cuales se integraran a la cuenta individual, con lo cual desaparece el fondo  de retiro que con la ley anterior un trabajador con salario promedio de 5 mil pesos recibía poco más de 130 mil pesos.

 


Además la nueva ley es inequitativa debido a que los trabajadores pagaran  el doble de cuota que la dependencia como patrón, para los fondos de pensiones pasara la aportación del trabajador del 3.5 al 6.5% del salario base, mientras que el gobierno como patrón reduce su aportación del 3.5% al 3.17; así,  el Estado  establece una aportación social del 5.5% del salario mínimo del Distrito Federal de 1997 que representa $1.30.

 

Además, resulta que la iniciativa de Ley del ISSSTE viola diversos preceptos constitucionales, como sucede con la fracción VIII del artículo 73, en razón que la facultad de establecer empréstitos compete al Congreso de la Unión.

 

Sin embargo, en el artículo vigésimo transitorio se establece que los bonos de pensión del ISSSTE serán títulos emitidos por el gobierno federal, que constituirán obligaciones generales directas e incondicionales. Es decir, nosotros observamos que se estaría autorizando contratar deuda pública para cubrir pensiones. Esta autorización es similar a la que en su momento se solicitó para convertir a deuda pública el quebranto del Fobaproa.

 

Además, se vulnera el principio constitucional de la no retroactividad de la ley, establecida en el artículo 14, porque los trabajadores que iban a jubilarse con la ley vigente, entre los 28 y 30 años de servicio, van a perder ese derecho que está garantizado en una ley, aunque otra ley no se puede aplicar retroactivamente, porque estaríamos vulnerando el principio de seguridad jurídica.

 

Es aplicable, a contrario sensu, la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su Quinta Época, CXXXI, señalada en la página 175, bajo el rubro y texto siguiente:

 

LEGISLADOR ORDINARIO, ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL, PARA DICTAR NORMAS SOBRE INSTITUCIONES JURIDICAS ESTABLECIDAS.

Las facultades otorgadas por la Constitución al legislador ordinario para dictar normas sobre las instituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supone el legislador constituyente, no abarcan las de trastornar la naturaleza de dichas Instituciones, esto es, la facultad de desnaturalizarlas, ni las de sustituir por otras sus elementos esenciales, por lo que mediante una simple declaración legislativa no se puede cambiar una obligación de fuente contractual de naturaleza mercantil, en un crédito fiscal, lo cual contraría nuestro Pacto Fundamental, que solo autoriza al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio, es decir, para la promulgación de leyes encaminadas al mejor régimen normativo de los actos, problemas o situaciones de tal naturaleza; pero no para cambiar la esencia jurídica de los actos, ni para darles un doble carácter pretendiendo que para los particulares sean de derecho privado y declarando que para el Estado son de derecho público, pues nuestra Carta Magna reserva al legislador constituyente esta clase de facultades expresas, es claro que al no estar consignadas en la Constitución para el legislador ordinario, éste no puede arrogárseles. Consecuentemente, si nos encontramos en presencia de una obligación puramente contractual, que por su esencia y naturaleza jurídicas repugna y excluye los caracteres que identifican el crédito fiscal, debe concluirse que nunca una obligación contractual que se rige por el derecho privado puede ser transformada en crédito fiscal regido por el derecho público, sin desnaturalizar las instituciones jurídicas y los principios generales de derecho, además de que, para esto las autoridades no tienen facultades constitucionales, toda vez que nuestra Constitución no funda precisamente estos principios generales de derecho y los acepta, así como sus instituciones, al mencionarlas en su articulado sin dar definición de las mismas, cambiando o tratando de variar alguno de sus elementos.

Amparo en revisión 6327/55. Cía. de Fianzas México, S. A. 25 de enero de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Franco Carreño.


Amparo en revisión 6329/55. Cía. de Fianzas de México, S. A. 11 de mayo de 1956. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.


Amparo en revisión 6054/55. Cía. de Fianzas de México, S. A. 11 de mayo de 1956. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.


Amparo en revisión 5639/55. Cía. de Fianzas de México, S. A. 11 de mayo de 1956. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.


Amparo en revisión 6124/54. Cía. de Fianzas México, S. A. 10 de mayo de 1956. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Franco Carreño.


Amparo en revisión 4752/54. Cía. de fianzas de México, S. A. 10 de mayo de 1956. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Franco Carreño.


Amparo en revisión 4458/54. Fianzas México, S. A. 7 de mayo de 1956. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Franco Carreño.

 

Consideramos que es necesario conocer también la  motivación y causa generadora que llevó Constituyente Permanente a la inclusión de de las bases mínimas de la seguridad social para una correcta interpretación y aplicación de las mismos en beneficio de la sociedad.

 

 

Tenemos por reproducidos en este concepto de violación los argumentos expuestos en el anterior, relativos a la adición del artículo 123, Apartado B de la Ley Fundamental.

 

Asimismo, exponemos los argumentos del legislador ordinario expuestos a través de diversos legisladores en relación con el acto reclamado que impugnamos en las sesiones del 22 y 27 de marzo de 2007, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores:

 

El Diputado Miguel Navarro Quintero (PRD):

Se está desplazando la edad de retiro y la gente que en el 2009 tenga 29 años de servicio, pero 48 de edad, no se podrá retirar al día siguiente. Tendrá que ir hasta cumplir 55 años. Esto qué significa. Que se va a lesionar a un millón de trabajadores, decirles que leamos el 14 constitucional. El 14 constitucional dice que las leyes no son de aplicación retroactiva y ¿qué es lo que va a haber? Un sinnúmero de amparos que va a poner en entredicho al Poder Legislativo. Claro; y aquí lo quiero mencionar con toda claridad, porque nosotros estamos en pos de la opinión pública, no de la opinión publicada.

El diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Quiero solicitar su atención especial a estas dos reservas que hice. Voy a referirme primero al décimo Transitorio, ya que éste vulnera un principio constitucional muy importante que está plasmado en nuestra Constitución, que es el principio de la no retroactividad de la ley, establecida en el 14 constitucional y que es motivo de orgullo para los juristas de este país en que la seguridad social en México se haya elevado a rango constitucional y que, además, la garantía de seguridad jurídica sea en México una garantía individual para todos los mexicanos.

¿Por qué vulnera el Transitorio décimo esta garantía constitucional? Porque muchos de los que van a ser afectados con esta ley, quienes iban con la presente ley vigente a jubilarse entre los 28 y 30 años de servicio que estuvieron cotizando, van a perder ese derecho que está garantizado en una ley y que una ley retroactivamente no se le puede aplicar, porque estaríamos vulnerando el principio de seguridad jurídica que es un orgullo plasmado en nuestra Constitución.

Por eso propongo a esta Asamblea el que se suprima el párrafo B y sea el párrafo siguiente el que ocupe ese espacio, porque en esta fracción, en este párrafo B se violenta este derecho de pensionarse con 28 y 30 años. Pudiera, en una ocasión posterior, modificarse esta Ley y adecuarle algún mecanismo que nos permitiera buscar estímulos que hicieran que quienes tienen la posibilidad de pensionarse, de obtener su retiro, de jubilarse con la edad de 28 y 30 años, pudieran con esos estímulos abdicar, renunciar a ese derecho, que pudieran ser estímulos de orden económico que en verdad le ahorrarían al Estado muchísimos recursos y estuviéramos preservando los derechos de estos trabajadores.

Por otra parte, en el artículo 120 de la ley en comento, establece muy claramente que en la pensión de invalidez, en la pensión definitiva establece que se perderá ésta a los 65 años y con 25 años de cotización.

Quisiera imaginarme que alguno de nosotros tuviera algún familiar, algún amigo cercano, alguien de nuestros afectos que sufriera un accidente o alguna enfermedad que lo imposibilitara para poder realizar su trabajo a la edad de 40 años.

A los 65 años, si la persona aún viviera se le diría que termina su pensión y eso lo llevaría a cotizar de manera individual. Y si hubiera ganado poco durante su desempeño laboral, seguramente cotizaría los dos salarios mínimos nada más y la mayoría de estos casos, diríamos entre 80 y 90 por ciento, de esta manera se resolvería. Y esto se me hace totalmente injusto, inequitativo y verdaderamente deshumanizado.

Ante estos dos argumentos a estos dos artículos, que he dado, seguramente en un amparo… Presidenta, solicito unos segundos para terminar.

En un amparo seguramente a esta ley le van a revocar lo establecido en estos dos artículos. Pero no se trata de meter en una dinámica de cascadas de amparo para que se estén resolviendo lo que podemos prevenir ante una circunstancia como ésta. Sé diputadas y diputados que prevalecen los intereses a la razón.

En la votación en lo general se argumentó que había muchos beneficios en favor de los contribuyentes del ISSSTE. Quiero decirles que esos intereses se van a imponer ante las razones que aquí se argumentan, pero es necesario que quede en claro, ratificada en diversas ocasiones la decisión que está tomando el Partido Acción Nacional y el PRI, ante las razones se están imponiendo los intereses. Muchas gracias.

El diputado Sergio Hernández Hernández: Con su venia, señor Presidente. Quisiera solicitar de todos los diputados y diputadas su atención. Yo sé que estamos cansados, que la jornada ha sido dura, tantito mejor si no estamos cansados; pero creo que el asunto que voy a tratarles reviste singular importancia ya que miles de trabajadores seguramente dependerán de la decisión que cada uno de ustedes vaya a tomar en este momento.

Concretamente me refiero al décimo transitorio, fracción I, inciso b), que dice: que se podrán pensionar los trabajadores con 55 años de edad y de 15 a 29 años cotizando, todo esto bajo un porcentaje que va del 50 al 95 por ciento, subiendo 2.5 desde el año 15, hasta el año 25 y de cinco en cinco, del año 26 al año 29.

¿Qué quiero plantear? Que quitemos el candado de 55 años de edad. Muchos trabajadores están próximos a la jubilación, tienen 26, 27, 28, 29 años de servicios, pero no se pueden jubilar ni lo van a podrán hacer porque no tienen 55 años de edad. Son los más afectados de esta ley, de esta iniciativa; que sí lo digo, tiene beneficios, tiene cosas buenas, tenemos que aceptarlo. Pero también es justo que al margen de ideologías, que al margen de partidos políticos, hagamos algo que realmente beneficie a los trabajadores. Quiero poner ejemplos muy concretos.

Quienes iniciaron en 1980 y la fecha de corte de esta ley es en diciembre del 2009, en la fecha de corte tendrán 29 años de servicios. Si fueron contratados en agosto de 1980 se van a quedar a un mes de haberse podido jubilar y no lo van a poder realizar sino seis o siete años después. Yo creo que podemos dejar esta puerta abierta, para que quienes deseen retirarse lo puedan hacer. Ejemplos, hay muchos y muy sobrados.

Hay quienes son trabajadores y están enfermos, pero su enfermedad no califica como para poderse pensionar. ¿Qué respuesta tiene esta Cámara para ellos? Tenemos que dejar la posibilidad de que quien se quiera retirar lo pueda hacer, porque así conviene a su interés.

Debo decirles que he platicado con muchos diputados de las diferentes fracciones y todos coinciden en que este asunto debe ser revisado, que debe ser atendido, ojalá, pudiéramos todos en este momento tomar una decisión.

Repito, no es un planteamiento que obedezca solamente a cuestiones partidistas, es un planteamiento que obedece esencialmente a un derecho que tiene el ser humano. Puede ser que alguien quiera reunirse con un familiar porque vive solo, alejado de su familia, con 28, 29 años de servicios, pero como no tiene 55 años de edad, ese trabajador no se puede retirar.

El diputado Ramón Almonte Borja: Con su permiso, señora Presidenta. El fundamento y texto propuesto que se contiene en el escrito que presento a esta Presidencia y cuya literalidad solicito se inserte en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados.

Vengo a esta tribuna para proponer se cambie el texto de los artículos 176, 185 y 192 de la ley propuesta en esta fecha. Por la trascendencia del tema, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 del Reglamento Interno de esta Cámara, solicito votación nominal, respecto de cada uno de tales preceptos.

Quiero decirles compañeros, que la ley en sí misma resulta inconstitucional.

Primero. Se debió haber propuesto la reforma al artículo 123, Apartado A, fracción XI, inciso f), a efecto de que pudiéramos crear una ley que no contrariara a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El contenido de esta ley reitera el atraco que se hizo a los trabajadores que regulan sus relaciones en términos del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1997, cuando se creó la nueva Ley del Seguro Social y cuando se le dio vida a la nueva Ley del Infonavit.

Vean ustedes, tengo en mis manos el proyecto de la ley, y tengo también en mis manos la Ley del Infonavit y creánme que esta ley que se propone en esta fecha es una calca y mala calca de la Ley del Infonavit.

Por ejemplo, el artículo 176 es copia literal del artículo 43 Bis de la Ley del Infonavit; el 185 es copia literal del artículo 44, y el artículo 192 es calca literal del 8o. transitorio de la Ley del Infonavit. Y vean ustedes, el artículo 8o. transitorio de la Ley del Infonavit ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y doy cuenta precisamente de eso con las jurisprudencias que tengo aquí en la mano.

Entonces, o somos muy tontos o somos muy listos, pero la Corte ya declaró inconstitucional el artículo 8o. transitorio de la Ley del Infonavit, y el 192 es copia literal de dicho precepto. Por eso en la Corte se ríen de los diputados y de los senadores, porque no votamos aquí en conciencia lo que proponemos; votamos por consigna.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La fracción VIII del artículo 73 constitucional establece a la letra lo siguiente. Artículo 73. "El Congreso tiene la facultad…

Fracción VIII. "Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.

"Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y las que se contraten durante alguna emergencia declarada por la Presidencia de la República en los términos del artículo 29".

De esa fracción se desprende la facultad del Congreso de la Unión para el establecimiento de la deuda nacional. Siendo clara nuestra Ley Suprema al establecer que ésta se contratará para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos.

No obstante lo establecido en la fracción VIII del artículo 73 constitucional, y la Ley General de Deuda Pública, las Comisiones Unidas aprobaron que en el artículo vigésimo transitorio se establezca que los bonos de pensión del ISSSTE serán títulos emitidos por el gobierno federal en términos de las disposiciones legales aplicables que constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, se estaría autorizando contratar deuda pública para cubrir gasto corriente, o sea las pensiones, lo cual contraviene a la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución, aun cuando dicho gasto pudiera ser "justificado".

Compañeras y compañeros legisladores, aquí donde se hacen las leyes que rigen a todo el pueblo mexicano, nosotros, los representantes populares, tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir en todo momento lo preceptuado por nuestra Ley Fundamental, por ello no podemos aprobar el artículo vigésimo Transitorio en los términos propuestos en el dictamen.

No olvidemos que el principio de supremacía constitucional obliga a que todos los ordenamientos jurídicos que derivan de él estén en armonía y conforme a la misma. Asimismo la concepción dinámica del derecho como sistema jurídico implica, en primera instancia, que sus elementos se relacionen formando una unidad.

Para el caso en cuestión, el artículo vigésimo Transitorio del dictamen de la Ley del ISSSTE, en su disposición, que de aprobarse es inconstitucional y a todas luces es incorrecta desde el punto de vista jurídico y por supuesto, de técnica legislativa.

De aprobarse tal artículo, como tal, como aparece en el dictamen, estaríamos no sólo ante una norma que carece de fundamento constitucional sino ante un conflicto normativo entre la ley que hoy se está aprobando y la Ley General de Deuda Pública. No podemos permitir que exista la posibilidad de que en un orden jurídico sean simultáneamente aplicables a un mismo caso dos normas o más, y entre éstas pueda producirse una contradicción, en virtud de lo cual solamente una de ellas podría ser aplicada.

En este sentido no vale la pena aprobar desde este momento un articulado que de antemano sabemos que acarrearía un conflicto normativo, esta situación puede salvarse modificando el artículo vigésimo Transitorio, a efecto de que la Cámara de Diputados provea en el Ramo 19, Aportaciones a seguridad social del Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación presupuestaria correspondiente que en su caso se requiera, para hacer uso y frente a los bonos de pensión del ISSSTE.

Esta autorización es similar, a la que en su momento se solicitó para convertir a deuda pública el quebranto del Fobaproa, la cual se encuentra consignada en el artículo 47 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Esta soberanía no puede sentar un precedente de inconstitucionalidad si en este momento lo aprobamos, podría darse el caso de que se siga autorizando por el Congreso de la Unión la autorización de deuda pública para cubrir posibles quebrantos a las instituciones públicas, como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, el IMSS, de la banca del desarrollo, de las universidades públicas y en algunos estados y municipios.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva que se hace del artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Dicho artículo establece que los servicios médicos que tiene encomendado el Instituto se prestarán directamente por el ISSSTE o por medio de convenios que celebre con quienes presten estos servicios.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos en contra de la subrogación de estos servicios médicos a los agentes económicos privados, que lo que menos les importa va a ser que los pacientes recuperen de manera pronta su salud sino administrar la enfermedad para obtener utilidades, máxime que uno de los argumentos que se manejan para aprobar esta ley es que con el incremento de cuotas a los trabajadores, el Instituto contará con mayor liquidez.

Luego entonces, esta liquidez se debe destinar al mejoramiento de la infraestructura hospitalaria existente o bien a la creación de nuevos hospitales.

Por lo tanto, en nuestra opinión, resulta altamente riesgoso plantear la posibilidad de que los servicios médicos que corresponden originariamente al Instituto, puedan ser prestados por particulares, ya que, en el futuro, el propio Instituto podría aplicar de su responsabilidad de prestación de servicios para convertirse en un mero administrador de cuotas.

Por lo tanto sometemos a su consideración la propuesta de que se elimine en el párrafo primero del artículo 31, la parte donde se prevé la posibilidad de celebración de convenios con particulares.

También proponemos la eliminación del párrafo segundo donde se establecen las obligaciones de los particulares con quienes el Instituto haya celebrado convenios de prestación de servicios médicos y en consecuencia, los actuales párrafos tercero y cuarto del artículo 31, pasaran a ser segundo y tercero respectivamente.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Me gustaría que a esta modificación al artículo 36 le prestaran atención; que no fuera el voto así como automático, como robots, sino que ojalá nos apoyaran porque todos, de una forma u otra, tenemos algún conocido, algún familiar, que va a requerir de estos servicios y que apoyando esta modificación al artículo 36 les vamos a apoyar.

Igualmente, quisiera en esta ocasión pedir perdón al pueblo de México porque esta Cámara de Diputados, todo hace parecer que está trabajando en contra del pueblo que la eligió, y la historia nos va a juzgar a todos nosotros.

Mencionar una vez más que los términos de esta propuesta de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado es injusta, que genera inequidad y que violenta los ya de por sí menoscabados derechos sociales de los trabajadores del Estado, es por demás reiterativo.

Los padecimientos que hoy en día afectan a nuestros conciudadanos y que pueden llegar a ser incapacitantes por un periodo mucho mayor de un año, son innumerables. Como ejemplo sólo mencionaré algunos de ellos como son los derivados de la columna vertebral, de la columna lumbosacra, con presión radicular de columna; enfermedades neurológicas, enfermedades desmielinizantes como Guillain-Barré, enfermedades mixtas y tejidos conjuntivos como el lupus, trauma craneoencefálico, cáncer, cuando es detectado a tiempo, entre otras.

El acceso a los servicios de salud pública se encuentran plenamente establecidos en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, por lo que no se puede escatimar en materia de salud publica y mucho menos aún, a todos aquellos trabajadores del Estado que años y años han visto disminuidos sus derechos laborales, sus prestaciones sociales y la calidad de los servicios que reciben.

Por lo anterior y con pleno conocimiento de las disposiciones referentes a los tiempos y condiciones en que se plantea en esta nueva propuesta de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en específico el artículo 37, el modo de manejar el seguimiento y atención de las mencionadas enfermedades y otras similares, así como el seguimiento de la incapacidad que implican, expreso que es insuficiente otorgar un lapso de 52 semanas como plazo de rehabilitación con garantías totales, dejando fuera cualquier posibilidad de mejoramiento de condiciones médicas en caso de prolongarse dichas enfermedades a más de un año…

SESION ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 27 DE MARZO DE 2007.

 

-LA C. SENADORA MINERVA HERNANDEZ RAMOS: Con su permiso, presidente.

Señalamos que de aprobarla en sus términos, se incurrirá en un gran problema de ilegalidad, dado que hay temas que el proyecto pretende regular sin que se encuentren reglamentados en otros marcos normativos aplicables, como es el caso del cambio del régimen de pensión del ISSSTE al Seguro Social, o del reconocimiento a los más de 300 mil trabajadores en esquema de honorarios, sin las modificaciones legales pertinentes en la propia Ley Federal del Trabajo; o la emisión de bonos de pensión que autorizan la contratación de deuda pública para cubrir gasto corriente, contraviniendo evidente y flagrantemente la fracción octava del artículo 73 constitucional.

Una ilegalidad, quizá de las más graves, es pretender que nazca una afore pública el Pensionissste como un órgano desconcentrado del ISSSTE, sujeto a la regulación de la Ley del SAR, que por cierto a quienes regula es a las afores privadas bajo el esquema de Sociedades Anónimas de Capital Variable, lo cual evidentemente resulta contradictorio.

En el ánimo de las prisas, compañeros legisladores, habrán omitido ustedes la lectura y el análisis de estos preceptos. Las pretendidas modificaciones se centran en el establecimiento de cuentas individuales para la administración de las pensiones, lo cual no garantiza pensiones dignas, no aumenta la cobertura, no reduce costos fiscales, no genera condiciones para su autofinanciamiento ni para sus saneamiento, al depender de la propia acumulación del asegurado en su vida laboral, sujeto a la estabilidad de tasas de interés y cobro de comisiones nada favorables, que colocan en riesgo de obtener una pensión todavía inferior. Pero, además, tampoco resuelve la desigualdad e inequidad que padecen la mayoría de los mexicanos.

 

TERCERO.- El acto reclamado que impugno de las autoridades señaladas como responsables viola los artículos 25, 27, párrafo sexto y  28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que a la letra dice:

 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

 

En el Dictamen de comisiones relativo a la iniciativa del Ejecutivo Federal el 1º de octubre de 1959; los integrantes señalaban que:

 

“En relación con el petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, que constituyen recursos importantísimos del subsuelo para la Nación Mexicana, la Comisión considera que debe asentarse de una vez por todas de manera indiscutible en el artículo 27 constitucional, que no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán lo que hayan otorgado  y que sólo la nación podrá llevar a efecto la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva; porque no obstante que ha sido manifiesto el propósito del Constituyente, a partir de la reforma de diciembre de 1939, el de substraer totalmente la explotación petrolera del régimen de concesiones o contratos, en ocasión de que fue expedida a fines del año anterior la ley reglamentaria respectiva, volvió a suscitarse un debate jurídico sobre la subsistencia de algunas concesiones o derechos de los particulares a la explotación del petróleo; por lo que, para evitar cualquiera controversia, es procedente la reforma que propone la Comisión en la parte resolutiva de este dictamen.

 

 

La intención del Constituyente Permanente fue y ha sido muy clara: se tenía que asentar expresamente en la Constitución, que no se podrá permitir la explotación de hidrocarburos por medio de concesiones ni contratos..

 

Que lo anterior se reitera con  la modificación del párrafo sexto del artículo 27 constitucional en 1960; fecha en la cual  se introduce la prohibición de otorgar contratos.

 

En el debate se realizo una exposición completa sobre la conveniencia o no de la palabra “contratos” en el texto del artículo 27, pero únicamente en cuanto se refiere a la explotación minera, nunca se pone en duda la prohibición de otorgar contratos en materia de explotación petrolera, incluso se reitera en varias ocasiones por legisladores de partidos diversos el acuerdo con el texto del dictamen referido.

 

La prohibición de contratar no se refiere a cualquier tipo de contrato, sino exclusivamente a los que permiten la explotación directa de los hidrocarburos por particulares. Al respecto, el Diputado Enrique Sada Baigts, durante las discusiones desarrolladas en la Cámara de Diputados, fungiendo como cámara revisora para la reforma constitucional en comento, y atendiendo a la preocupación del sector minero en cuanto a la prohibición de celebrar contratos para la explotación de recursos del subsuelo manifestada por el  Diputado Arturo Llorente González, expuso:

 

“Nos encontramos, al hacer el estudio de esta situación, con que en la práctica la Secretaría correspondiente celebra contratos especiales para explotar aquellos recursos naturales que han sido constituidos en reservas. Indudablemente que esa facultad no puede ni podrá coartarse al Poder Público, por que se trata especialmente de casos en que lo señala el mismo interés público.

 

Desde luego, tiene sobrada razón el compañero Arturo Llorente González, cuando afirma que si mencionamos la palabra "contratos", y los convertimos en un acto unilateral, sujetos a determinadas reglas, vendría a crearse una figura jurídica, que es en otras palabras la misma de la concesión.

 

[...] la Comisión no tiene inconveniente, en aras de la tranquilidad de ese sector minero tan importante en la riqueza nuestra, en retirar tanto del párrafo sexto y en su oportunidad del séptimo, el término "contratos". Pero en lo que sí la Comisión no aceptará jamás, es que se abra la puerta, para que cuando se hable del petróleo nacional, se pueda dejar a la discusión del Poder Público la celebración de contratos. La Comisión únicamente acepta repito que se retire  el término "contratos", cuando se hable de la forma de explotación de los recursos naturales, pero de ninguna manera cuando se trate de la facultad del Poder Público, para explotar el petróleo y sus derivados.”

 

Sin duda la intención del Constituyente Permanente de 1960 era acabar con el problema de los contratos riesgo; sin embargo, el sentido que dio a la reforma constitucional es mucho más amplio. El Diputado Baigts advierte que no se trata de prohibir la celebración de contratos como actos unilaterales, sujetos a determinadas reglas, equiparables como figura jurídica a una concesión; lo que se entiende porque sería ocioso prohibir con otro nombre lo que ya está prohibido.

 

Y para ello se aclara que la intención es cerrar las puertas para que la celebración de contratos en materia de explotación del petróleo y sus derivados pueda dejarse a la discusión del Poder Público. La prohibición es expresa, no podrán realizarse contratos bilaterales con los particulares que les permitan a estos la explotación de hidrocarburos; el otorgamiento de contratos unilaterales ya está prohibido porque se equiparan a la concesión.

 

Por ello, puede afirmarse que la intención del Constituyente Permanente concuerda con la explicación sobre la naturaleza de los contratos que prohíben la Constitución y su Ley Reglamentaria.

 

Reflejando el espíritu de consenso con el que fue aprobada la reforma, el Diputado Llorente expresó:

 

Lo que ha ocurrido en realidad, no es una discrepancia. Yo partí de la base de  solicitar a esta Asamblea, que aprobará la supresión del término del concepto "contratos" en el contenido total del párrafo. En consecuencia, es obvio suponer que si eliminé el concepto y el término de "contratos" en la primera parte de este párrafo debatido, con mayor razón lo elimino tratándose de la posibilidad de explotar el petróleo y los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos.

 

Lo que en realidad ocurre es que la Comisión redactora del dictamen, según advierto de la reiterada lectura de la parte final de este párrafo, ha deseado  dar mayor énfasis y mayor vehemencia a su expresión, consignando que en tratándose del petróleo y de  los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos y gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos. Y con ese énfasis y con esa vehemencia de la Comisión, no puedo estar en desacuerdo, sino por el contrario, me adhiero totalmente a la redacción, porque adhiriéndome a ella soy congruente con el pensamiento expuesto con anterioridad, más aún, cuando el petróleo, una básica riqueza nacional, debe ser explotado única y exclusivamente por el Estado Mexicano.

 

Es importante mencionar que los términos en los que está redactada la Ley Reglamentaria (1958) no fueron modificados después de la reforma constitucional de 1960; por ello se argumenta que la prohibición de la Constitución se refiere en estricto sentido a los contratos riesgo, toda vez que la Ley Reglamentaria  se elaboró  bajo el marco constitucional de 1938, en la que si se permitía la contratación. Sin embargo debemos considerar  que en la reforma constitucional  de 1958, de donde surge el texto del Artículo 6º de la Ley Reglamentaria, los argumentos del legislador  fueron dirigidos a prohibir cualquier forma en la que pudiera otorgarse posibilidad de explotación de los hidrocarburos a los particulares.

 

En la reforma a la Ley Reglamentaria de 1958 la intención expresa del legislador se dirigió a sostener fundamentalmente tres premisas:

 

La explotación de los hidrocarburos es facultad exclusiva de la Nación:

... si por disposición constitucional han cesado las actividades productivas de los particulares  y ha desaparecido  el régimen de concesiones, no hay lugar  para seguir concesionando los servicios de refinación, transporte, almacenamiento, distribución y elaboración de gas, toda vez que el único que requerirá de los mismos y que originalmente está  obligado a prestarlos a la colectividad, es el Estado.

 

La nación ha determinado la constitución de un organismo del Estado para tal propósito:

 

 La Nación ha adoptado, por lo tanto, como única forma de explotación del petróleo, el conducto de Petróleos Mexicanos, organismo descentralizado mediante el cual se han obtenido frutos ventajosos.

 

 

El alcance que debe tener la participación de los particulares en las actividades del estado en cuanto a la explotación de hidrocarburos debe limitarse al desarrollo de trabajos técnicos especializados, sin que éstos puedan participar por ningún concepto en actividades directas de explotación, y sin que participen de utilidades resultantes de dicha actividad:

  

Dentro de ese campo de acción del Estado, la nueva ley  reglamentaria que se propone da acceso a la iniciativa privada, señalando la forma en que los particulares pueden prestar una eficaz colaboración en el aprovechamiento colectivo del petróleo nacional, en la medida en que constitucionalmente pueden tener intervención en las actividades de la industria petrolera. Para este efecto, podrán celebrar contratos con Petróleos  Mexicanos, mediante los cuales desarrollen en favor de la Nación obras, trabajos o servicios, de índole material o de carácter técnico, recibiendo a cambio compensaciones determinadas en efectivo, sin que los particulares puedan participar en las utilidades de la institución, ni obtener participaciones subordinadas al resultado de los trabajos o servicios que se les encomienden; así se expresó en la  exposición de motivos de la iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo, presentada por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo Ruiz Cortines, el 25 de noviembre de 1958, suscrita sin discusión por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

 

En suma, el petróleo y sus derivados son propiedad exclusiva de la Nación y que la expropiación de la industria petrolera fue el resultado de la lucha del pueblo mexicano por su soberanía e independencia.

 

Como complemento de lo anterior, cabe citar fragmentos de una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que colabora en la aclaración del término explotación:

 

PETROLEO. LOS ASPECTOS QUE COMPRENDE Y QUE SOLO PUEDEN SER GRAVADOS POR LA FEDERACION, SON LOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 3o., DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión legislar en materia de hidrocarburos e imponer contribuciones sobre aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27 constitucional, entre los que se encuentran el petróleo y todos los carburos de hidrógeno [...] únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas o reglamentarias que la rijan, y establecer los impuestos que graven cualquiera de sus aspectos. De lo que se sigue que las legislaturas de los Estados están impedidos constitucionalmente para gravar los aspectos que comprende la industria petrolera, esto es, no podrán imponer contribución alguna sobre: [...] II.- La elaboración, el almacenamiento, el trasporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas artificial. [...] aspectos que de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria en cita son los que abarca la industria petrolera.

 

Esta tesis reconoce la exclusividad del Congreso Federal para imponer contribuciones sobre aprovechamiento y explotación de hidrocarburos, entre otros aspectos.

 

Cabe señalar, que en la parte conducente de la exposición de motivos de la iniciativa de reformas al artículo 28 constitucional de 3 de mayo de  1990 se confirma que el artículo 25 constitucional atribuye al Estado, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que señalan en el párrafo cuarto del artículo 28. Obliga al Gobierno Federal a mantener siempre la propiedad y control sobre los organismos que en su caso se establezcan. El párrafo cuarto del artículo 28 en su parte conducente afirma:

 

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Añade la misma:

que conducir el cambio para preservar lo esencial de nuestra identidad nos obliga a mantener los compromisos profundos plasmados en la Constitución y que dan perfil propio al Estado Mexicano. Es una interpretación congruente con nuestra historia respetar las áreas estratégicas reservadas al Estado. Estas se vinculan a la perspectiva revolucionaria que nutrió al Constituyente de Querétaro y son parte viva de las convicciones populares. El párrafo cuarto del artículo 28 marca el sentido profundo de las áreas estratégicas de la Nación.

 

Se colige de lo antes señalado, que también el numeral 25 constitucional atribuye al Estado, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que señalan en el párrafo cuarto del artículo 28.

A la letra dice el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional:

 Artículo 25…

 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

 

 

Que el artículo 109 en relación con el 104 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado infringen los artículos 25, 27, párrafo sexto y 28 de la Ley Fundamental.

 

El artículo 109 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  a la letra dice:

 

 

Artículo 109. La Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE deberá establecer el régimen de inversión de los recursos cuya administración se encuentre a cargo del PENSIONISSSTE.

 

El régimen deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los Trabajadores. Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preferentemente, a través de su colocación en valores, a fomentar:

 

I. La actividad productiva nacional;

 

II. La construcción de vivienda;

 

III. La generación de energía, la producción de gas y petroquímicos, y

 

IV. La construcción de carreteras.

 

El PENSIONISSSTE deberá invertir en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión determinado por su Comisión Ejecutiva, el cual deberá observar en todo momento las reglas de carácter general que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para la inversión de los recursos invertidos en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.

  

No dejamos de señalar que los trabajadores pagarán comisiones de mercado por la administración de sus cuentas y la inversión de los recursos que las integren, ya sea a que se trate de una Afore pública (Pensionissste), de la Afore Siglo XXI, o de cualquier otra Afore cien por ciento privada.

Con lo anterior se pretende, en una ley secundaria, permitir la inversión privada, tanto nacional como extranjera, cuando corresponde al sector público tener a su cargo, DE MANERA EXCLUSIVA, LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY FUNDAMENTAL, MANTENIENDO SIEMPRE EL GOBIERNO FEDERAL LA PROPIEDAD Y EL CONTROL SOBRE LOS ORGANISMOS QUE EN SU CASO SE ESTABLEZCAN.

Aunado a la violación de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, se pretende seguir avanzando en la indebida privatización de la seguridad social.

 Se trata pues, de una privatización velada, silenciosa e inconstitucional.

 

Además, como lo sostiene Odilia Ulloa Padilla, que las Afore han resultado ser un instrumento costoso para los trabajadores del IMSS y no han detonado la inversión productiva del país:

 

Al cierre de 2006 las Afore administraban recursos por 714.5 mil millones de pesos, 7.0% del PIB (seguro de RCV y aportaciones voluntarias, excluyendo las aportaciones de vivienda del Infonavit). Al cierre de febrero de 2007, los recursos acumulados en el sistema ascendieron a 721.0 mil millones de pesos, de estos 72.0% se estaban invertidos en valores gubernamentales, 2.4% de la cartera se encuentra en instrumentos de renta variable nacional y 10.4% en valores internacionales (renta variable y deuda extranjera).

Altas comisiones. Las Afores cobran a los trabajadores una comisión promedio por flujo de 1.04%, es decir, cobran 15.99 pesos por cada 100 pesos que ingresan a la cuenta individual del trabajador. Además cobran en promedio 0.49% sobre el valor de los activos administrados (comisión sobre saldo acumulado en la cuenta individual).

Bajos rendimientos. El rendimiento neto real promedio que han otorgado a los recursos de los trabajadores desde el inicio del sistema al cierre de 2005 fue de 2.58% y de 3.54% al cierre de 2006, descontando inflación y comisiones.

Altas ganancias para la industria. Las altas comisiones por flujo y por saldo les reportaron a las Afore ingresos por 94.9 mil millones de pesos entre julio de 1997 y el cierre de 2006, lo que representó 13.3% del valor total de los activos administrados por las Afore para el mismo periodo.

 

Si lo anterior fuera poco, la reforma de pensiones cambia el papel del Estado en cuanto a su responsabilidad social. Su función se reduce a garantizar el pago de pensiones mínimas para compensar los “fallos” y “desequilibrios” del mercado, el pago de las pensiones y jubilaciones en curso y, además, adquiere una deuda fiscal monumental a través de los Bonos de Pensión y el pago de la rentabilidad sobre los éstos. Esta deuda se  traslada como compromiso de pago para las futuras administraciones y generaciones de mexicanos; lo que sostiene la académica citada.

 

Es aplicable la jurisprudencia 9/2006, emitida en el Semanario Judicial y su Gaceta de la Novena Época, XXIII, Febrero de 2006, visible en la página 1533, bajo el rubro y texto siguiente:

PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS.

El citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del Estado; en ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas.

 

De lo anterior, se infiere que todo aquello para lo que no están expresamente facultados los Poderes Constituidos, se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al caso concreto, deben circunscribir sus funciones en términos de lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 28, en relación con el 123, Apartado B, fracción XI del Código Político de 1917 . 

 

CUARTO.- El acto reclamado que impugno de las autoridades señaladas como responsables viola en perjuicio de mis Representadas el  artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En efecto, el concepto legalidad dentro de un Estado de Derecho como lo debe ser el nuestro, se manifiesta en dos vertientes, a saber, una positiva y una negativa; la primera únicamente es susceptible de manifestarse en la conducta de los servidores públicos en cuanto a tales, ya que consiste en que los mismos sólo pueden realizar aquello que la Ley les encomienda dentro un ámbito determinado de competencia; la segunda vertiente de la legalidad, la negativa, únicamente es susceptible de realizarse por los particulares en cuanto a tales, pues consiste en que los mismos sólo pueden realizar aquello que la Ley no les prohíbe.

 

En el caso concreto, es el primer sentido en el que estamos concibiendo la legalidad en el se circunscribe el agravio que nos produce la norma impugnada; en efecto, si la legalidad en su sentido positivo la concebimos como aquella situación en la que los funcionarios públicos del Estado mexicano sólo pueden realizar aquello que la Ley les faculta, podemos concluir de manera inconcusa que la misma es conculcada por las autoridades ordenadoras de las normas señaladas como acto reclamado.

 

Esto es así toda vez que todos los servidores públicos del Estado mexicano, en su totalidad, se encuentran vinculados a obedecer toda la estructura normativa del sistema jurídico mexicano; esto en virtud de lo dispuesto por el propio artículo 128 Constitucional que a letra dice:

 

 

“Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”  

 

        

         Como se desprende de lo anterior, todo servidor público está vinculado a las disposiciones de la Ley Fundamental y las leyes que de ella emanen, lo que incluye, de manera apodíctica, a las autoridades señaladas como responsables; así, dichas responsables, estando vinculadas a lo que mandata la Constitución, desacatan lo que está preceptúa por la misma, pues tal y como lo señalaremos en los siguientes conceptos de violación, conculcan en contra de los suscritos quejosos lo dispuesto por loa artículos 1º, 123, Apartado “B”, 133 y 135 de la Constitución General de la República.  

 

         En efecto, la fundamentación, como presupuesto de la garantía de legalidad en el sentido señalado, significa que todo acto de autoridad, inclusive el mandato general, abstracto e impersonal en el que consiste un Ley, debe supeditarse primigeniamente a lo que estipula el Pacto Federal, pues es de este último de donde emana el sustento de la totalidad del orden jurídico mexicano.

 

         Por tanto, si un acto de autoridad latu sensu, no está sustentado en primer término en lo que la Constitución mandata o contraviene frontalmente disposiciones de la misma como lo es el caso concreto, aunque se encuentre fundamentado en el resto de la legislación secundaria, tal acto de autoridad se encuentra viciado ab origine de inconstitucionalidad.

 

 

         En este sentido, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, en tesis bajo el rubro: GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR.” Al texto señala que:

 

 

La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.

 

  

QUINTO.- El acto reclamado que impugno de las autoridades señaladas como responsables viola en perjuicio de mis Representadas el  artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En efecto, tal precepto constitucional establece lo que la doctrina ha denominado “Supremacía Constitucional”, que no es otro concepto por el que todas la legislación que integra el sistema jurídico mexicano, a saber leyes ordinarias, normatividad reglamentaria y los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo de la Unión con la aprobación del Senado de la República, deberán supeditarse, de modo absoluto, a las disposiciones de la propia Ley Suprema.

 

Ahora, es menester considerar que, dada la fundamentalidad y la naturaleza jurídico-política de la Constitución, esta última contiene una serie de elementos sustánciales y estructurales a cumplimentarse por los ordenamientos que la desarrollan; estos son:

 

a.                                                             Elemento formal: La Ley Suprema estable el procedimiento de elaboración y reforma de la legislación secundaria, tales como lo son las normas señaladas como acto reclamado en este Juicio de Amparo, dicho procedimiento se estructura de tal manera que las disposiciones legislativas emanadas del mismo sean fruto de un estudio ponderado, en el que las mayorías parlamentarias aprueben la norma en cuestión fundadas en argumentos racionales; ahora, a efecto de cumplir con tal finalidad, el mencionado procedimiento legislativo se encuentra estructurado de manera lógica, cronológica y teleológica, es decir, cada una de las etapas del procedimiento legislativo es presupuesto de la siguiente, las cuales se desarrollo sucesivamente en el tiempo y todas van enderezadas a la realización de un fin especifico, a saber, la aprobación de una disposición formalmente legislativa.

 

Lo anterior se traduce en que una norma puede adolecer de vicios de inconstitucionalidad si durante el procedimiento legislativo no se observaron las disposiciones que al efecto marca la propia Constitución.  

 

b.                                                            Elemento sustancial: Este se refiere al contenido particular de cada precepto constitucional, en el cual se expresa la voluntad del constituyente respecto a la esencia del cuerpo político que la Ley Fundamental organiza, respecto al modo de ser del Estado, y de los mismos se deriva la funcionalidad de este en la relaciones de supra-ordinación, supra-subordinación y en plano de igualdad.

 

                                 La violación a normas de este tipo deriva también en un vicio de inconstitucionalidad del acto de autoridad impugnado, como lo es el caso de las normas generales, abstractas e impersonales objeto de la presente litis.

 

c.                                                          Elemento teleológico: Este se encuentra constituido por la finalidades a las que aspira el Estado mexicano, utilizando al texto constitucional como instrumento jurídico-político y las cuales son derivadas de su estructura normativa; dichos principios en ocasiones no se encuentran plasmados de manera expresa en algún precepto constitucional, sino que es necesario recurrir a criterios de interpretaciones  a; dichas finalidades son en el caso mexicano, por mencionar algunas, siguientes:

 

 

i)                                La protección de los derechos humanos;

 

ii)                             La justicia social;

 

iii)                             La rectoría del Estado de la economía nacional;

 

iv)                             Federalismo;

 

v)                              Forma de gobierno Republicana y

 

vi)                             Separación entre Iglesia y Estado.

 

 

Los anteriores principios, que la doctrina alemana llama “Decisiones Políticas Fundamentales” son también vinculantes para el legislador constituido, pues tales “Decisiones Políticas Fundamentales” determinan el modo de ser de un Estado determinado; en el caso mexicano, y como ya se menciono, uno de los principios rectores que inspiraron al Constituyente Originario, es de la justicia social; dicho concepto es uno de los que mayores dificultades ha significado para la Ciencia Jurídica en lo que a su definición se refiere, tan es así que no ha podido definirse según el modelo aristotélico del género próximo y de la diferencia especifica, ya que la misma categoría “JUSTICIA” constituye un género supremo más allá del cual es imposible arribar epistemológicamente a un concepto univoco.

 

         Sin embargo, para efectos de determinar aunque sea someramente la naturaleza del concepto justicia social, la misma se puede definir por sus finalidades específicas; así podemos decir respecto a al concepto Justicia Social: “…es aquella procura la elevación de nivel de vida de los trabajadores (cuando de Derecho Laboral se trata) imponiendo al patrón determinadas responsabilidades, a favor de un acreedor individual o de la sociedad como acreedora,…”.[1]

 

         Ahora, el instrumento jurídico a través del cual se realiza la justicia social es precisamente el Derecho Social, el cual supone la manifiesta intervención del poder público, aún en campos que tradicionalmente habían sido reservados al dominio privado; y es el hombre, precisamente, el objeto central de su cuidado. La condición humana, sus necesidades; la inseguridad a la que está expuesta, tanto personal cuanto familiarmente, ocupa la atención toda de tal rama del Derecho, ante la tremenda paradoja y el terrible drama del hombre que lleno de derechos, moriría casi en la miseria y en el más doloroso de los aislamientos, tal y como diría González Díaz Lombardo.  

 

En el caso de la relaciones laborales que subyacen en el fondo de la presente litis constitucional, es el Estado el patrón en relación al servicio que le presta el trabajador y es aquel a quien le corresponde respetar un mínimo de derechos que integran la esfera jurídica necesaria del trabajador a efecto de que el mismo lleve una vida digna y decorosa, tanto para el como para su familia, así mismo que tales condiciones de vida le sean aseguradas en el momento de su retiro de la vida productiva.

 

En efecto, el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en sus diversas fracciones, los derechos que tienen los trabajadores al servicio del Estado, así como las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo que serán materia de regulación pormenorizada a través de la ley reglamentaria correspondiente. Asimismo clasifica a dichos trabajadores en dos sectores: de base y de confianza.

 

 

Ahora bien, la fracción XIV del referido artículo constitucional, al prever expresamente que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, limita algunos de sus derechos como el relativo a la estabilidad o inamovilidad en el empleo previsto en la fracción IX, así como el derecho a sindicalizarse a que se refiere la fracción X, los cuales reserva para los trabajadores de base. Sin embargo, tales limitaciones son excepcionales, pues los trabajadores de confianza tienen reconocidos sus derechos laborales en la aludida fracción XIV, conforme a la cual gozarán de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que ocupan, esto es, de la protección al salario, que no puede ser restringido, así como la prerrogativa de obtener el pago de prestaciones como aguinaldo y quinquenio, además de todos los derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los cuales se incluyen, entre otros, los seguros de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, DE JUBILACIÓN, DE RETIRO, por invalidez, servicios de rehabilitación, préstamos para adquisición de casa, entre otros.

 

En efecto, la jubilación constituye una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente a favor de los trabajadores por haber llegado a determinada edad, por el tiempo que prestaron sus servicios o por causas de incapacidad física o mental, y cuyas condiciones y cuantías se regirán conforme a las leyes aplicables, las que podrán ser superadas por acuerdos, convenios o por la propia ley, ya que las normas laborales sólo consagran los derechos mínimos de que deben disfrutar los trabajadores con motivo de la relación de trabajo.

 

 

Respecto a la naturaleza jurídica de las pensiones, resulta ilustrativa la siguiente Jurisprudencia de la Octava Época, emitida por nuestros Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 59, con el número VII.A.T. J/12, materia laboral, que a la letra dice:

 

PENSIONES POR JUBILACION Y VEJEZ. NATURALEZA JURIDICA DE LAS.

La pensión jubilatoria por años de servicio es de naturaleza jurídica diversa y se genera por hechos distintos aunque coexistentes respecto a la pensión por vejez, puesto que la naturaleza de la primera es contractual dado que deriva del cumplimiento del régimen de jubilaciones y pensiones que forma parte del respectivo contrato colectivo de trabajo y su otorgamiento se da concretamente por los años de servicio prestados al patrón, en el caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cambio, la pensión por vejez es de naturaleza legal, prevista en los artículos 137 y 138 y demás relativos de la Ley del Seguro Social y el derecho a que se otorgue tiene su origen en hechos diversos a los exigidos para la jubilación, porque según señalan dichos preceptos los requisitos necesarios para ello son haber cumplido sesenta y cinco años de edad y tener quinientas semanas de cotización.


TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 2043/89. Ana María Bozziere Montalvo. 10 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Antonio Zúñiga Luna.

Amparo directo 1425/90. Instituto Mexicano del Seguro Social. 15 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Pedro Pablo Hernández Lobato.

Amparo directo 1839/89. Emma Rojas León. 15 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretaria: Nilvia Josefina Flota Ocampo.

Amparo directo 1693/90. Instituto Mexicano del Seguro Social. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretario: Francisco Broissin Ramos.

Amparo directo 1691/90. Manuel Cerón Cruz y otra. 22 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretario: Francisco Broissin Ramos.

 

Es así como establecemos que las prerrogativas que nuestra Ley Suprema establece a favor de los trabajadores al servicio del Estado son vulneradas por las normas señaladas como acto reclamado, ya que violentan mandatos constitucionales expresos, destrozando el caro principio de supremacía constitucional que establece el artículo 133 Constitucional.

 

A efecto de ilustrar lo anterior, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la Primera Sala, publicada en el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Octubre de 2004, visible en la página 264, bajo el número 1a./J. 80/2004, materia constitucional; que a la letra dice:

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

 

Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.

Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.


 

         Es por eso que nuestro Juicio de Amparo se convertido en un instrumento jurídico de control de la constitucionalidad a disposición de los particulares, pues a través de este último es posible estudiar la posible contradicción de un acto de autoridad, latu sensu, con los contenidos de la propia Ley Fundamental, y que dicha contradicción se manifieste en una violación a la esfera jurídica de los gobernados; la finalidad de tal instrumento procesal es restituir al gobernado quejoso las garantías que le fueron conculcadas por la autoridad

 

En la caso concreto, las normas señaladas como acto reclamado en efecto contradicen, de manera diáfana, lo dispuesto por el artículo 123, Aparatado “B” de la Constitución General de la República, en detrimento de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado quejosos; en su calidad de gobernados, la única herramienta procesal de que disponen, en tanto control de la constitucionalidad, es el Juicio de Amparo.

 

Respecto a la función de control de la constitucionalidad, resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia, correspondiente a la Novena Época, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 843, bajo el número P./J. 155/2000, de la Materia Constitucional:

 

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR.

En virtud de que el ejercicio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de los medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que ese órgano fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberanía popular, debe considerarse que la jerarquía de las bases contenidas en ese Magno Ordenamiento conlleva el que sólo en ellas, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución, pueda establecerse la existencia de los referidos medios; ello sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenorice las reglas que precisen su procedencia, sustanciación y resolución. La anterior conclusión se corrobora por lo dispuesto en los diversos preceptos constitucionales que, en términos de lo previsto en el artículo 94 de la propia Constitución General de la República, determinan las bases que rigen la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en los que al precisarse los asuntos de su conocimiento, en ningún momento se delega al legislador ordinario la posibilidad de crear diversos medios de control de la constitucionalidad a cargo de aquélla.

Recurso de reclamación 172/98. Gobernador del Estado de Durango. 31 de octubre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 155/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil.

 

         Los argumentos anteriormente vertidos tienden a demostrara la vulneración del principio de supremacía constitucional a que se refiere el artículo 133 de la Ley Suprema; al modificarse, por una disposición secundaria, un estatuto establecido por la Constitución de la República, se está arrogando el legislador ordinario atribuciones que corresponden al Constituyente; es decir, un Poder Constituido expide normas generales y abstractas que adquieren vigencia aún por encima de la Constitución, con lo que desborda los limites que el propio Constituyente, ya sea el Originario o el Permanente delimita el ámbito competencial de dichos Poderes Constituidos, con lo que vulnera, como lo veremos en el siguiente Concepto de Violación, lo preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución. 

 

 

SEXTO.- El acto reclamado que impugno de las autoridades señaladas como responsables viola en perjuicio de mis Representadas el  artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 Al efecto, el numeral de referencia señala:

 

 

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”

 

 

El artículo transcrito estable el procedimiento que deberá seguirse para que cualquier reforma o adición a la Constitución llegue a ser parte de la misma; tales modificaciones se realizan a través de un órgano sui generis, que la doctrina ha denominado Constituyente Permanente (Tena Ramírez), o Poder Revisor de la Constitución (Fix Zamudio).

 

 

Así, tenemos que el procedimiento de aprobación de disposiciones de naturaleza constitucional es distinto al que establece los artículos 71 y 72 de la propia Ley Fundamental; en efecto, el procedimiento de reforma constitucional requiere de la concurrencia y aprobación de una mayor cantidad de miembros de la representación político-legislativa que el procedimiento de reformas a la legislación ordinaria; esto es así toda vez que mientras en este último solo participan, de manera sucesiva y separada, ambas Cámaras del Congreso de la Unión con el voto aprobatorio de una mayoría simple de las mismas, el procedimiento de reformas constitucionales requiere el voto aprobatorio de los dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de dichas Cámaras del Congreso de la Unión, además de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados.

 

 

Lo anterior lleva a establecer que dicho artículo consagra lo que la Teoría de la Constitución denomina como “principio de rigidez constitucional”, que no es otro que las disposiciones que integran el texto de la Ley Suprema, para ser reformadas o adicionadas, requieren de un procedimiento más complicado que el establecido para la legislación secundaria. 

 

 

La justificación de tal rigidez la podemos concluir de la relevancia y fundamentalidad que en el sistema jurídico desempeña la Constitución; en efecto, las normas jurídicas que componen la Constitución estructuran a los órganos del Estado y determinan el funcionamiento de los mismos, reconocen los derechos públicos subjetivos de que son titulares los gobernados y establece las finalidades programáticas que debe realizar el propio Estado en beneficio del cuerpo social; la Constitución es el cimiento normativo a partir del cual se desenvolverá jurídica, económica, social, cultural y políticamente el propio Estado, de ahí que en su modificación es necesario que concurran un mayor número de elementos de representación política que los que se necesitan para modificar la legislación secundaria.

 

 

Lo anterior cobra mayor relevancia si consideramos que las normas impugnadas conculcan el PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA SOCIAL, tal y como lo razonamos en el concepto de violación anterior; EN EFECTO, LA DECISIONES POLÍTICAS FUNDAMENTALES, COMO ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ESENCIA DE UNA CONSTITUCIÓN, SÓLO PUEDEN SER MODIFICADAS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, MÁS NO POR UN PODER CONSTITUIDO COMO LO ES EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON LO QUE DESTROZA EL PRINCIPIO DE RIGIDEZ CONSTITUCIONAL, BURLANDO LA VOLUNTAD DEL PROPIO CONSTITUYENTE ORIGINARIO, EN EL SENTIDO DE QUE LAS REFORMAS A LOS PRINCIPIOS DEL CÓDIGO POLÍTICO DE 1917 DEBEN REALIZARSE BAJO EL MÁXIMO NIVEL DE CONSENSO POLÍTICO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LA NACIÓN, EL CUAL SE ALCANZA PRECISAMENTE BAJO EL MECANISMO Y LA COMBINACIÓN DE ORGÁNOS QUE PREVEE EL PROPIO ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL, Y EL ORGÁNO QUE NUESTRA LEY SUPREMA FACULTA PARA REMEDIAR TAL ASALTO A LA INTEGRIDAD DEL ORDEN JURÍDICO ES SEL PODER JUDICIAL FEDERAL.    

 

 

       En efecto, el Poder Judicial de la Federación tiene como una de sus funciones más importantes la de garantizar la aplicación de los principios y disposiciones constitucionales. De esta manera anula los actos de autoridad que son contrarios a los preceptos constitucionales, resuelve la inaplicación de los tratados, leyes y reglamentos que no estén de acuerdo con la Constitución y además interpreta, da contenido, explica qué dice la Constitución y las leyes secundarias, con lo que permite adaptarlas a las nuevas exigencias sociales. 

 

 

 

En este sentido, resulta ilustrativa la siguiente Tesis, visible en la Novena Época, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página 12, número P. LXVI/99, en la materia constitucional:

 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE LA EXPRESIÓN, EN EXCLUSIVA, DE VIOLACIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN.

 

La improcedencia del juicio de garantías por ausencia de expresión de conceptos de violación se encuentra fundamentada en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, siendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este último dispositivo no exige formalidad alguna para plantear los argumentos de inconstitucionalidad en demandas de amparo indirecto, por ser suficiente para que el Juez de Distrito deba estudiarlos, que el quejoso exprese con claridad la causa de pedir, consistente en la lesión o agravio que estima le produce el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que lo originaron, aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo. En consecuencia, cuando se impugne en amparo el proceso de reforma constitucional, basta que el quejoso exponga las razones por las cuales considera que dicho acto es contrario a las garantías individuales, para estimar satisfecho el requisito de expresión de conceptos de violación, sin que le sea exigible que sólo señale transgresiones al artículo 135 de la Constitución, porque el contenido de dicho dispositivo sólo consagra el procedimiento para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la propia Carta Magna, mas en parte alguna del precepto se establece que en el ejercicio de los medios de control constitucional deban argumentarse únicamente violaciones que incidan directamente con el citado procedimiento.

 

Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXVI/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

 

 

Igualmente, resulta ilustrativa la siguiente Tesis visible Novena Época, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página 11, número P. LXII/99, de la materia constitucional, que a letra dice:

 

REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS.

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no es la Carta Magna, sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como autoridades responsables quienes intervienen en dicho proceso, por emanar éste de un órgano constituido, debiendo ajustar su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante el juicio de amparo, por violación al principio de legalidad. Asimismo, estableció que la circunstancia de que aun cuando el proceso de reforma hubiese sido elevado a la categoría de norma suprema, tal situación no podría desconocer la eficacia protectora del juicio de amparo como medio de control constitucional, puesto que de ser así no habría forma de remediar el posible incumplimiento de las formalidades consagradas en el artículo 135 de la Carta Magna ni, por ende, podría restablecerse a los agraviados en los derechos que estiman violados, con lo que se autorizaría la transgresión a derechos fundamentales sin oportunidad defensiva. En consecuencia, si bien es cierto que el contenido del dispositivo constitucional resulta inimpugnable a través de la demanda de garantías, siendo sólo atacable el proceso de reforma correspondiente, y el interés jurídico se identifica como la tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, la cual autoriza al quejoso el ejercicio de los medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, debe concluirse que el interés jurídico para promover el juicio contra el proceso de reforma relativo debe derivar directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son éstos los que producen un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado.

 

Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

 

 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

 

 

 

 

Así, el agravio al artículo 135 de la Constitución se materializa, como ya lo mencionamos, en la modificación a una decisión política fundamental como lo es la justicia social, sin que se hayan observado las normas procedimentales que al efecto señala tal precepto constitucional, el cual tiene su espíritu en que las modificaciones al documento fundante del cuerpo político sean aprobadas consensuadamente por un mayor número de representantes populares, SI NO SE REPARA UNA VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN DE ESTA NATURALEZA, SE ESTARÍA ABRIENDO LA PUERTA A LA PERNICIOSA PRÁCTICA DE MODIFICAR PRINCIPIOS AXIOLÓGICO-CONSTITUCIONALES MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO DE REFORMA ORDINARIO, SOCAVANDO, ADEMÁS DEL PRINCIPIO  DE RIGIDEZ CONSTITUCIONAL, EL DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES NINGÚN INDIVIDUO DENTRO DEL ESTADO MEXICANO TENDRÍA YA LA CERTEZA DE QUE LOS DERECHOS QUE LA LEY FUNDAMENTAL LE RECONOCE GOZAN DE LA PERMANENCIA Y ESTABILIDAD QUE LES CORRESPONDEN DADA SU UBICACIÓN NORMATIVA, CON LO QUE SE CONSAGRARÍA COMO PRACTICA, EN DETRIMENTO DE LA INTEGRIDAD DEL ORDEN JURÍDICO, EL FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN.       

 

 

En estas condiciones siendo patente la inconstitucionalidad del acto reclamado, o sea,  la violación de las garantías invocadas en reparación de las mismas, solicito la concesión del amparo impetrado.

 

 

 

SUSPENSIÓN

 

  

Con fundamento en los artículos 122, 124, 130, 131 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que  no se causan perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y se cumplen los supuestos exigidos para que se me conceda.

 

 

Por lo expuesto, pido a Usted:

 

 

PRIMERO.-  Se nos tenga demandando el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado.

 

 

SEGUNDO.-  Se forme por duplicado el Incidente de Suspensión.

 

TERCERO.- Que una vez admitida la demanda de garantías se proceda a la compulsa de los documentos originales recibidos y se nos devuelvan los mismos.

 

 

CUARTO.- Se solicite a las autoridades responsables sus informes previos y justificados.

 

 

QUINTO.-  Requerir a los Departamentos de Afiliación y Prestaciones Económicas de las delegaciones del ISSSTE a efecto de que remitan los documentos que acrediten la personalidad jurídica de los quejosos en los términos de la  Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

 

 

SEXTO.- Se nos conceda la suspensión provisional y definitiva en su caso del acto reclamado; así como fijar día y hora para las audiencias correspondientes.

 

 

 

SÉPTIMO.- En su oportunidad se nos conceda el AMPARO impetrado.

 

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO

México, Distrito Federal a    de    de 2007

 
 
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