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Amparo contra la Ley del ISSSTE

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Aquí algunos textos ya publicados sobre la Ley del ISSSTE, nunca está de más conocer otras opiniones.

La medida evitaría que los juicios se turnen a tribunales colegiados: Ortiz Mayagoitia

Ofrece la Corte analizar directamente los amparos contra la Ley del ISSSTE

Marcha contra la reforma el 29 de agosto, anuncia representante legal de los quejosos

GABRIEL LEON ZARAGOZA

Para dar celeridad a la revisión del histórico número de demandas de amparo que se han interpuesto contra la Ley del ISSSTE, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que propondrá al pleno que los 167 mil expedientes que ha recibido el juzgado especial se turnen directamente al máximo tribunal y no a los colegiados de circuito.

Luego de un encuentro privado con los abogados que interpusieron en mayo pasado los recursos de garantía -en representación de cientos de miles de personas que consideraron vulnerados sus derechos laborales con la citada ley-, Ortiz Mayagoitia ofreció que cuando los asuntos lleguen al máximo tribunal "se concederán audiencias con los ministros que quieran participar, para escuchar los planteamientos de los quejosos".

Por su parte, la representación legal de los burócratas inconformes advirtió que si no hay respuesta favorable para atender a los demandantes habrá una movilización el 29 de agosto, que partirá de la SCJN al Palacio de Justicia de San Lázaro.

Ortiz Mayagoitia informó que el juez de distrito auxiliar, José Manuel Villeda, ha admitido hasta el momento más de 128 mil de las 167 mil 327 demandas de amparo que se presentaron contra la Ley del ISSSTE, y previó que será en octubre próximo cuando se haya admitido la totalidad de recursos masivos.

Encuentro en la Corte

En la segunda audiencia con representantes de los quejosos, el magistrado confirmó también que en los primeros días de ese mismo mes el juez estará dictando las primeras sentencias sobre el caso, y apuntó que a partir de la segunda quincena de septiembre podrán llegar al máximo tribunal los primeros expedientes en revisión.

"Para dar celeridad a los asuntos y atender la demanda de justicia de miles de mexicanos, propondré al pleno de ministros que los expedientes se turnen, en su oportunidad, directamente a la SCJN y no a tribunales colegiados de circuito", destacó el togado.

En el encuentro realizado en una sede alterna de la Corte, el presidente del máximo tribunal escuchó los argumentos de los demandantes, y reiteró que cuando los asuntos lleguen a la SCJN "se concederán audiencias con los ministros que quieran participar, para escuchar los planteamientos de los quejosos".

Ortiz Mayagoitia explicó "los pormenores de los procedimientos de trámite que se siguen en el juzgado de distrito auxiliar, lo que garantizará una mejor y más rápida atención que si se hubieran recibido en los juzgados de distrito establecidos en todo el país".

Por su parte, el abogado de los burócratas, Antonio Bidal Galicia, aseguró en entrevista posterior que el encuentro se realizó para exigir a los magistrados que intervengan en la revisión de los amparos contra la Ley del ISSSTE.

"Estamos solicitando la intervención inmediata del pleno de la Corte y del Consejo de la Judicatura para que el Poder Judicial de la Federación tome las medidas necesarias y dé solución a todos los juicios de garantía referidos, es decir, que se atiendan con prontitud, certeza y transparencia", refirió.

Problemas de traslado

Bidal Galicia pidió a Ortiz Mayagoitia que se considere en el análisis de los juicios de amparo que decenas de quejosos no radican en la capital del país, sino en los estados, y recordó que no existen condiciones para su traslado al Distrito Federal para seguir de cerca el curso de los juicios interpuestos.

"Se está solicitando a todos los demandantes que ofrezcan un domicilio en la ciudad de México; esto vale para los de Baja California, Sonora, Chiapas y todos los demás estados del país", señaló el representante legal.

"Esta medida se está planteando para que el Poder Judicial de la Federación emprenda las acciones necesarias y garantice el acceso de todos los quejosos a la justicia. Se busca que el máximo tribunal ofrezca las condiciones para que todos aquellos que interpusieron quejas contra la Ley del ISSSTE vengan a la ciudad de México, amparados por las disposiciones del propio Poder Judicial", concluyó.

La Jornada, 11/08/07

Son muchas las afectaciones de la norma, advierte estudio

La Ley del ISSSTE, diseñada para que "no se cobren las pensiones"

EMIR OLIVARES ALONSO

La nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) está diseñada para que los burócratas "se mueran y no cobren su pensión", además de que viola el artículo 14 constitucional referente a la retroactividad de las leyes, debido a que afecta a los actuales trabajadores cotizantes a ese instituto, pues pierden derechos adquiridos durante años, establece un informe elaborado por la agrupación Unidad de Estudios sobre Seguridad Social (UESS).

En el documento, la organización analiza varios artículos que afectan de manera directa a los trabajadores del Estado, entre los que encontró que el concepto de jubilación "ha desaparecido" de la redacción, y ahora se traslada a una pensión que será administrada por una aseguradora privada.

Otro punto es que el artículo 42 establece que las aportaciones de los trabajadores para su fondo de pensión serán de 13.525 por ciento de su salario base, mientras que el gobierno aportará 13.9 por ciento, pero del salario mínimo vigente en 1997 en el Distrito Federal, lo que representa 3.67 pesos.

El estudio agrega que el argumento de que las pensiones y jubilaciones anteriores eran costosas para el erario "son falsas", pues de los 627 mil 802 pensionados hasta 2006, el año pasado (con el antiguo régimen de 1983) se gastó 42 mil millones de pesos, que dividido entre la cantidad total de beneficiarios se otorgó una cantidad por ex trabajador de 66 mil 990 pesos, mientras que por la pensión de los últimos cinco ex presidentes de la República se gasta 65 millones por cada uno al año.

Eduardo Pérez, integrante de UESS, subrayó que con las disposiciones de la nueva ley, que con base en el artículo 92 establece una pensión garantizada de 3 mil 34 pesos, lo que "se consigue es que el gobierno de Felipe Calderón se ahorre 2 mil 541 pesos al mes por pensión promedio, lo que equivale a un recorte de 45.5 por ciento total".

El análisis realizado por la UESS refiere que otra de las consecuencias que tendrá la nueva ley del ISSSTE es que no se tomarán en cuenta -como lo establecía la ley del 83- extras al salario de los trabajadores, como el sobresueldo y las compensaciones, es decir, la pensión tendrá como base sólo el sueldo tabular, sin agregar la antigüedad o los pagos adicionales por distintas condiciones, lo que representaría una pérdida de entre 30 y 35 por ciento del monto final de la pensión.

Una más de las afectaciones que tendrá para los trabajadores -actuales y de nuevo ingreso- es que no se les permitiría gozar de dos pensiones, pese a que hubiesen cotizado tanto para el ISSSTE como para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, agrega que la nueva reglamentación del ISSSTE condena a los trabajadores que se pensionen a no volver a trabajar, como lo establece el artículo 96, que subraya que en caso de que un pensionado del instituto adquiera otro empleo, se le cancelará el pago de su pensión. "Si alguien se jubiló a una edad de 51 años, que es productiva, y por tanto consigue otro empleo por necesidad o por hacer algo y le corresponde por ley el Seguro Social, ahora cuando sea detectado, inmediatamente le será suspendida la pensión. Ahora van a prohibir hasta trabajar y ser productivo", concluyó.

La Jornada, 14/05/07

Exige el PRD se dé a conocer el número de amparos

Debe corregirse la "defectuosa" Ley del ISSSTE, dice Carrancá

GABRIEL LEON ZARAGOZA, ALMA E. MUÑOZ

La ola de movimientos y manifestaciones populares, así como el número de recursos de amparo que se han solicitado en contra de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es "una señal de alerta" para el incipiente sexenio calderonista, que debe corregir lo que a todas luces es una "defectuosa" disposición legal, advirtió el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas.

"No hay más que oír las reflexiones en voz alta de los dirigentes de los movimientos; por lo menos entra uno en serias dudas, lo cual es suficiente para que el Congreso de la Unión reconsidere su aval a la nueva legislación. Porque la ley está hecha para que se le obedezca y se acate, no para que se ataque", refirió el jurista.

El presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, anunció que enviará un escrito al Consejo de la Judicatura Federal, exigiendo que le dé a conocer el número de amparos interpuestos en contra de la Ley del ISSSTE, "porque ellos hablan de 120 mil, cuando nosotros sabemos que por lo menos son 500 mil.

Sería muy grave -continúo el dirigente perredista- que las autoridades judiciales insistan en someterse a los grupos de poder, pues "no se puede negar el problema y no se debe mentir sobre el número de amparos interpuestos; el mayor en la historia del país".

En tanto, Carrancá y Rivas, jurista especialista en materia de amparo, confió en que estos recursos legales, presentados de forma individual y masiva, serán otorgados de manera definitiva por el juzgado auxiliar, porque con la nueva Ley del ISSSTE "de entrada se ve una clarísima violación de garantías".

El litigante puntualizó que aunque la figura jurídica del amparo es un recurso al que puede recurrir quien considere que se han violado sus derechos, "es sorprendente y causa consternación" el fenómeno que se gestó en torno a la reforma del ISSSTE, "porque no fue debidamente consultada en su elaboración".

Luego del anuncio oficial de la extensión del plazo para tramitar amparos contra las nuevas disposiciones legales del instituto, la Unión de Juristas de México consideró que por el número histórico de recursos tramitados hasta el pasado lunes -que se estima superó el medio millón-, ha quedado constancia de la gran inconformidad de los trabajadores contra la Ley del ISSSTE, y que en el marco de la pretendida reforma del Estado debe abordarse una nueva legislación consensuada por todos los sectores sociales.

Eduardo Miranda Esquivel, litigante de dicha unión, confió en que en octubre -según ha informado el juzgado auxiliar- se podría conocer de las primeras sentencias, en las que "no hay mucho que probar".

La Jornada, 16/05/07

Arturo Alcalde Justiniani

Ley del ISSSTE, verdades a medias

Mala ley debe ser cuando para justificarla se requiere de la manipulación informativa, el ocultamiento de datos y las verdades a medias. Mala ley cuando se chantajea a la población amenazándola de caer en el precipicio si no se acepta como única opción. Peor aun, si se anula el análisis y la discusión urgiendo a una vía rápida obligando a los legisladores a votar de inmediato. El colmo son las declaraciones del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las que apremia a la aprobación de la ley como requisito para "atender una larga cola de enfermos que esperan meses por una intervención quirúrgica de urgencia". Es claro que estamos siendo víctimas de una manipulación orquestada que debemos resistir planteando correctamente el problema, exigiendo información veraz, descubriendo sus verdaderas intenciones y, al mismo tiempo, proponiendo soluciones responsables a los graves problemas de la seguridad social.

Decir la verdad implicaría que la propuesta básica contenida en esta iniciativa de ley responde en esencia a la recomendación del Banco Mundial, que ha hecho suya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se presenta con el sello de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hablar con honestidad, sería informar que los principales beneficiarios del modelo de salud y del sistema pensionario planteado serán grupos financieros del sector privado, con los que se contrataría finalmente el seguro de retiro de cada trabajador cuando el Pensionissste -que operará con las mismas reglas que las afores privadas- termine su misión temporal. Hablar con franqueza sería señalar que por la vía de la subrogación se lesiona el carácter público de los servicios de salud; por esta y muchas otras razones, el sector privado aplaude a rabiar esta iniciativa, presiona para su inmediata aprobación y descalifica a cualquiera que pretenda poner en riesgo este futuro negocio.

Esta iniciativa de ley debe ser leída a partir de sus transitorios, en donde se condonan hasta 80 por ciento de los gigantescos adeudos de dependencias públicas, los mismos que generaron en parte la degradación de esta institución. Conviene reclamar información básica para evaluar las propuestas ahí contenidas, identificando la relación entre los problemas de origen y las soluciones planteadas. Los datos no están aportados, fueron guardados en los archivos de la SHCP, impidiendo así hacer un análisis objetivo y comprobable de temas importantes, entre otros, el monto del bono de reconocimiento sujeto a un derecho de opción manipulable, y por otro lado, aparentemente mal calculado en perjuicio de los trabajadores. También sobre el futuro real de las cuentas individuales, incluyendo a las próximas generaciones que se nos pretenden presentar como totalmente ajenas a nuestro interés.

Debe reconocerse que los problemas del ISSSTE son muchos. Cualquier paciente que acude a solicitar un servicio ha sufrido la escasez de camas, medicamentos, equipo y personal. También es evidente que las bases que son sustento del actual sistema pensionario han cambiado, por lo que es elemental modificar sus reglas respondiendo a los cambios demográficos, ampliación en las esperanzas de vida y perfiles epidemiológicos. Es claro que los ajustes requerirán de más recursos y modificaciones en los requisitos de edad y tiempo de trabajo, pero este reconocimiento, no implica aceptar un modelo de solución que a pesar de los sacrificios colocará a los trabajadores nuevamente en la postración.

La iniciativa que hoy pretenden recetarnos ha demostrado ser una mala medicina. Basta observarla en perspectiva con la que se reconoce como su fuente de inspiración o ley espejo, precisamente la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de 1997. En aquel tiempo, como ahora, se sostuvo que todos los problemas del IMSS serían resueltos y las pensiones mejoradas. Hace 10 años vivimos la misma manipulación y urgencia en la aprobación, la misma propuesta de las cuentas individuales que "ahora sí serían propiedad de los trabajadores". Recordemos la campaña de medios en que los trabajadores y sus familias aparecían en playas y hoteles de lujo gozando la pensión prometida. La triste realidad vino después cuando los servicios de salud se degradaron. Actualmente la mayoría de los trabajadores tienden tan sólo ha obtener la pensión mínima.

Sería irresponsable generar una oposición a esta iniciativa de ley sin proponer alternativas de cambio, por ello es esencial no caer en la trampa de la vía rápida y demostrar el carácter integral del problema, tanto en el ámbito de la salud como de las pensiones. Acreditar que es posible un sistema mixto que combine una base solidaria y un complemento de carácter individual. Compartir con las futuras generaciones los costos del ajuste, sin perder de vista que buena parte de los problemas de los trabajadores al servicio del estado derivan de un modelo laboral sustentado en bajos salarios, ausencia de reconocimiento profesional y manipulación sindical. Las propuestas de solución están sobre la mesa, pero pretenden ser ignoradas por los intereses creados que operan atrás de esta iniciativa de ley y por la urgencia de acatar la consigna. Todo indica que muchos legisladores no están dispuestos a oír ni a entender, sólo obedecer, entre otras razones, porque se esperan gigantescos negocios para los líderes sindicales y nuevos recursos que revivan a la maltrecha FSTSE.

Es difícil contrarrestar una avalancha manipuladora de esta envergadura porque está sustentada en verdades a medias, sin embargo, es fundamental no sólo acreditar sus elementos de falsedad, sino empujar hacia un camino distinto que garantice servicios de salud con carácter público y pensiones sustentables. Por lo pronto, la urgencia es impedir una vía rápida que encubra tantas deficiencias.

La Jornada, 17/03/07

Luis Hernández Navarro

Ley del ISSSTE: atraco a mano alzada

Sobre advertencia no hay engaño. Sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 23 de octubre de 2004. Una multitud de enardecidos maestros y trabajadores al servicio del Estado agredieron a golpes el convoy en el que viajaba el presidente Vicente Fox para protestar contra la privatización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los inconformes burlaron el cerco de seguridad del Estado Mayor Presidencial, se acostaron sobre el asfalto para impedir el paso de los vehículos oficiales y arremetieron contra las camionetas en las que se desplazaban los funcionarios y se enfrentaron con elementos de seguridad. Gritaban: "Fox, ¡entiende!, el ISSSTE no se vende" y "Esas reformas ¡no pasarán!"

Estupefacto, el entonces presidente sólo alcanzó a decir que los trabajadores no debían dejarse engañar, pues su gobierno no pretendía privatizar la institución.

Casi dos años después, su sucesor, Felipe Calderón, ha decidido materializar la pesadilla de maestros y trabajadores al servicio del Estado. El albazo legislativo está en marcha. El ISSSTE será privatizado, aunque se niegue que se quiere hacerlo. Ya lo dijo el priísta y prestidigitador legislativo Samuel Aguilar Solís, quien presentó la reforma en tribuna: "el ISSSTE no se privatizará; por el contrario, se refrenda el compromiso solidario del Estado mexicano con la seguridad social de sus trabajadores".

¡Qué va! Declaraciones para el auditorio aparte, el ISSSTE será privatizado, no porque sus instalaciones vayan a ser vendidas a particulares, sino porque al trasladar el régimen de jubilación a cuotas individuales se carga el peso de su funcionamiento fundamentalmente en los hombros de los trabajadores. Al migrar las pensiones de los burócratas a cuotas individuales se rompe el espíritu de la seguridad social como un mecanismo redistributivo del ingreso y de solidaridad intergeneracional, que tiene su origen en la Constitución de 1917. La medida forma parte de la privatización del sistema de pensiones.

Los ahorros de los trabajadores que cotizan al ISSSTE y no expresen explícitamente su deseo de pertenecer al nuevo sistema de cuotas individuales pasaran al control del Pensionissste. Este organismo manejará sus aportaciones durante tres años, para después ceder su manejo a la banca mediante las Afore. Viejos rivales sindicales de la calaña de Elba Esther Gordillo y Joel Ayala, que han amasado verdaderas fortunas a costillas de sus agremiados, manejarán estos fondos. Un negocio multimillonario y redondo ante el que han hecho a un lado sus pleitos históricos.

La nueva ley del ISSSTE es un mecanismo para socavar y desaparecer conquistas laborales. Una vía para aumentar requisitos para el retiro y disminuir prestaciones. Un instrumento para avanzar en la profundización de un modelo laboral que privilegia el trabajo precario. La seguridad social es parte del salario indirecto que la Constitución garantiza a los trabajadores como parte de sus emolumentos. Al erosionarla y desmantelarla se está homologando a la baja el salario. O sea, los legisladores que la aprueben cometerán un atraco a mano alzada.

El ISSSTE fue creado en 1959. El Estado estableció la redistribución del ingreso como criterio para normar el funcionamiento del sistema de pensiones de los servidores públicos. Por ello acordó que éstos aportarían 3.5 por ciento de su salario para el sistema de jubilaciones, y que lo que hiciera falta para la cobertura del pago total de éstas sería cubierto por el gobierno federal. La nueva ley cancela este criterio.

Para justificar la medida se ha dicho que la atención a los derechohabientes se corregirá. Nada más falso. Basta que la institución se mire a sí misma en el espejo del Instituto Mexicano del Seguro Social para concluir que la reforma no mejorará los deteriorados servicios médicos de la institución ni garantizará el abasto de las medicinas.

Los impulsores de la nueva ley aseguran que con ella se bursatilizará la cartera actual del Fovissste para incrementar sustancialmente el número de créditos para vivienda. La verdad es diferente. En los hechos la reforma busca, en parte, tapar un enorme boquete financiero provocado por el mal manejo de los programas de vivienda para los servidores públicos. Esos programas, que son una fuente de inmensos recursos económicos, han sido administrados por operadores de Elba Esther Gordillo. La ley abrirá el camino para otorgar una moratoria de facto a quienes han hecho mal uso de ellos.

La rabia que los maestros de Chihuahua volcaron contra Vicente Fox hace casi dos años y medio por el temor a la privatización del ISSSTE no es un asunto del pasado. Los legisladores pueden aprobar sin discusión y en lo oscurito un nuevo atraco contra los trabajadores. Lo que no van a poder frenar son las múltiples expresiones de descontento que de inmediato se harán sentir por todo el país.

Muy probablemente, Felipe Calderón ganará este asalto en las cámaras. Sin embargo, más temprano que tarde cosechará los frutos de la ira que ha sembrado.

La Jornada, 20/03/07

Modifica y vuelve rígidos servicios de los trabajadores, subraya documento legislativo

Iniciativa de ley del ISSSTE, golpe a derechohabientes, señala estudio

Envía ahorros a las Afore y suspende seguros si las dependencias no cubren las cuotas

ROBERTO GARDUÑO

La iniciativa de ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) promovida por el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, y respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "debilita la seguridad social" porque propone modificar por completo el sistema que protege a los trabajadores del sector público al estructurar los seguros, esquemas de financiamiento, derechos, prestaciones y requisitos, manifiesta un amplio estudio elaborado por especialistas de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura.

Dicha propuesta, que ya recibió el beneplácito del gobierno federal, tiene como criterios rectores el equilibrio financiero, la apertura al mercado y la portabilidad de servicios en pensiones y salud. Se pretende reducir los 21 seguros actuales a cuatro, y se cambiaría el sueldo base por el salario de cotización.

El análisis titulado Elementos para discutir la iniciativa de ley del ISSSTE, elaborado por la actuaria Odilia Ulloa y el ex presidente de la comisión legislativa Miguel Alonso Raya, advierte que la reforma presentada por Ayala significa un duro golpe a los derechohabientes, porque se aplicarían pensiones de 35 por ciento del último salario de los empleados, y se trasladaría la administración de los ahorros de los trabajadores a las Afore que, de 1997 a la fecha, ha tenido utilidades por más de 94 mil millones de pesos, frente a los bajos rendimientos reales anuales otorgados.

Para los servicios médicos no se considera ningún esfuerzo adicional en inversión y contratación de nuevo personal; en cambio, la reforma propone convenios con proveedores privados y la oferta de la capacidad de excedente.

"Es una reforma que debilita al ISSSTE. Busca el equilibrio financiero y la solvencia del instituto, a costa de los servicios que brinda. Se inscribe en la lógica de las reformas para adelgazar al Estado y trasladar áreas y funciones públicas al mercado, dejando a los agentes privados las áreas rentables, sin que esto se traduzca en beneficios para los trabajadores y sus familiares derechohabientes. El adelgazamiento del Estado ha significado su debilitamiento y ha tenido efectos contrarios en áreas como seguridad pública, la defensa de la soberanía y seguridad social, dada la reducción de recursos que lleva implícita".

Cambios en los servicios de salud

Se plantea unificar los tres seguros actuales en uno solo; se separa la prestación de servicios médicos del financiamiento; se separa el financiamiento de la salud de los pensionados y los jubilados, así como de trabajadores activos; se modifican los criterios operativos y presupuestarios de las unidades en función de resultados; se establecen convenios con prestadores externos para la competencia y el equilibrio financiero, sin que se incluyan medidas especiales para la inversión y el rescate de la infraestructura médica y hospitalaria del propio instituto.

Al limitarse algunos beneficios, la reforma propuesta hace más rígidos los requisitos para el disfrute de los mismos. Por ejemplo, los ascendientes tendrán derecho a atención médica-curativa, sólo si viven en el domicilio del trabajador o pensionado y depende económicamente de él. En la ley vigente el único requisito para que los ascendientes reciban los servicios es la dependencia económica. Por otra parte se excluye la atención farmacéutica dentro del cuadro de servicios considerados en la atención médica-curativa.

Sobre las nuevas condiciones ante el incumplimiento de pago de cuotas y aportaciones por parte de las dependencias y entidades, se prevé la suspensión de los beneficios previstos en la nueva ley, en detrimento de los derechohabientes:

"El instituto podrá suspender parcialmente los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo de la entidad o dependencia, en el supuesto de incumplimiento parcial o total del entero de las cuotas, aportaciones y descuentos por 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses. La ley en vigor no dispone ninguna suspensión de los beneficios previstos en el supuesto de que las dependencias o entidades no cubran las cuotas".

Además se establece un nuevo modelo de gestión para la prestación de los servicios médicos, que separa esa función financiera de servicios de salud del instituto. Quizá uno de los temas más delicados de la iniciativa es el de la introducción de un nuevo modelo de gestión para el llamado seguro de salud, que sustituiría al Seguro de Enfermedades y Maternidad, previsto por la ley vigente.

Dicho modelo, recomendado desde 1993 al gobierno mexicano por el Banco Mundial y la Fundación Mexicana para la Salud, establece en el artículo 30 de la propuesta la separación clara de dos funciones del ISSSTE: la que corresponde a la prestación de los servicios de salud a través de las llamadas unidades prestadores de servicios de salud, y una función financiera de los mismos, a través de la cual se administrará el nuevo Seguro de Salud.

"Las disposiciones contenidas en los artículos 29, 30 y 31 de la iniciativa parecen entrar en una franca contradicción con el artículo 28, que señala como principios que los servicios de salud se otorgarán con calidad, oportunidad y equidad. Por ejemplo, el artículo 29 señala que el instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas".

Pensiones

En materia de pensiones, refiere el estudio, el proyecto de Joel Ayala plantea una reforma sustitutiva, es decir, remplaza el sistema de reparto por otro de aportaciones definidas basado en la capitalización individual. "Por lo cual en la iniciativa de nueva ley desaparecen los seguros de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios y la indemnización global, para dar lugar a un sistema de aportaciones definidas, que será obligatorio para los nuevos trabajadores y opcional los que estén en activo al momento de la reforma.

El nuevo sistema de capitalización individual será la base de todas las pensiones: seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; seguro de riesgos de trabajo y el seguro de invalidez y vida.

La Jornada, 18/02/07

El objetivo es dejar sin efectos los recursos legales, denuncia la UNT

Jueces postergan para 2008 el análisis de amparos contra la Ley del ISSSTE

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Con el propósito de dejar sin efectos los amparos contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), jueces que analizan los casos están difiriendo las audiencias para abril de 2008.

Sin embargo, en enero de ese año los trabajadores tendrán que tomar obligatoriamente la decisión de cambiarse a una administradora de fondos para el retiro (Afore) individual o al Pensionissste. Por ello, aplazar las audiencias se hace con la intención de que queden descartados los amparos.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) denunció lo anterior y expuso que hay más de 150 mil amparos contra dicha ley, "lo cual es un gran logro de la organización sindical y muestra de repudio a un ordenamiento impuesto para afectar los derechos laborales".

Sin embargo, añadió, con argucias legales se quiere desactivar la movilización de los trabajadores, quienes están obligados a decidir si toman el "bono" que el gobierno federal les ofrece para pasar su cuenta al Pensionissste o a una Afore individual.

Para obtener dicho "bono" tendrán que aceptar la nueva Ley del ISSSTE, con lo cual perderán automáticamente sus amparos. Esa es la trampa, señaló la Unión Nacional de Trabajadores. Por ello están postergando las audiencias.

La Jornada, 22/08/07

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